Consejo de Estado de Francia valida acuerdo migratorio suscrito con el Reino Unido sobre navegación en el Canal de la Mancha

El Consejo de Estado de Francia desestimó la acción interpuesta por diversas agrupaciones que buscaban anular el decreto que hizo público el acuerdo suscrito entre los gobiernos de Francia y el Reino Unido para la gestión de los flujos migratorios y la prevención de tránsitos riesgosos a través del Canal de la Mancha, pactado originalmente a finales de julio del año pasado.

La controversia jurídica se centró en la naturaleza del acuerdo, el cual contempla un protocolo de readmisión en territorio francés para ciudadanos de terceros países que arriben de forma irregular a las costas británicas o sean rescatados en el mar. En contrapartida, el convenio habilita la posibilidad de que personas situadas voluntariamente en Francia tramiten visados para el Reino Unido, buscando una equivalencia numérica entre quienes retornan a suelo galo y quienes son admitidos legalmente en territorio británico.

Los demandantes fundamentaron su impugnación en el incumplimiento del artículo 53 de la Constitución francesa, argumentando que el tratado debió ser sometido a la aprobación del Parlamento antes de su ratificación. Sostuvieron que el contenido del acuerdo incidía en materias que la carta fundamental reserva de forma exclusiva al legislador y que, adicionalmente, los términos del pacto contravenían principios constitucionales y otros compromisos internacionales previamente adquiridos por el Estado francés.

En su razonamiento, el Consejo de Estado recordó que la exigencia de autorización legislativa solo rige para tratados que modifiquen leyes existentes o regulen ámbitos propios de la ley. Tras analizar el texto, el tribunal constató que las disposiciones sobre readmisión no alteran el Código de Entrada y Residencia de Extranjeros y del Derecho de Asilo, ya que este último ya permite a la autoridad reglamentaria establecer excepciones en los flujos de ingreso.

Asimismo, la sentencia aclara que la facultad de permitir la entrada de extranjeros en territorio nacional es una atribución de carácter regulatorio y no legislativo, según lo estipulado en el artículo 34 de la Constitución de Francia. El fallo enfatiza que el acuerdo no pretende regular de forma autónoma el ejercicio de derechos fundamentales como el asilo o la vida familiar, limitándose exclusivamente a la operatividad administrativa de los desplazamientos fronterizos.

Finalmente, el tribunal aplicó su doctrina tradicional respecto al control de convencionalidad y constitucionalidad de los tratados. En este sentido, el Consejo de Estado reiteró que no posee competencia en sede contenciosa para evaluar si un acuerdo internacional es compatible con otros compromisos externos o con la propia Constitución, procediendo así al rechazo íntegro de la solicitud de anulación presentada por las asociaciones civiles.

Vea sentencia Consejo de Estado de Francia.