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Posibilitaría inminentes ejecuciones
Comité de la ONU denuncia ley israelí que permite condenar a muerte a palestinos acusados de terrorismo
Solicitó la anulación inmediata de la normativa, argumentando que su aplicación exclusiva hacia la población palestina vulnera tratados fundamentales. La advertencia enfatiza la falta de garantías procesales y el incumplimiento del derecho universal a solicitar indultos o conmutaciones de pena.

El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial manifestó su preocupación ante la reciente aprobación de una normativa en Israel que permite condenar a muerte a palestinos acusados de terrorismo. Según los dieciocho expertos independientes que integran esta instancia, la legislación presenta un carácter discriminatorio por motivos raciales y representa un retroceso en los estándares internacionales de derechos humanos, al ser considerada una forma de segregación.
La ley en cuestión, ratificada el 30 de marzo de 2026, define el terrorismo como el asesinato intencional con el propósito de negar la existencia del Estado de Israel. El comité destacó que el texto legal excluye de su alcance a los ciudadanos y residentes israelíes, lo que implica que su aplicación recae de manera específica sobre la población palestina. Por este motivo, el organismo instó a la derogación inmediata de la medida para asegurar el respeto a la integridad de civiles y militares detenidos.
Uno de los puntos que genera mayor alarma entre los especialistas es el plazo de noventa días fijado para ejecutar las sentencias una vez que el fallo sea definitivo. A esto se suma la prohibición explícita de aplicar atenuantes, conmutar las penas o conceder indultos. Estas condiciones, de acuerdo con el informe, contravienen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual garantiza en su artículo sexto que cualquier persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar clemencia o amnistía.
Asimismo, los expertos vincularon la implementación de esta ley con un contexto de vulneraciones al debido proceso y denuncias previas sobre confesiones obtenidas bajo coacción por parte de las fuerzas de seguridad. La resolución menciona que las características de la normativa violan diversos artículos de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, afectando los principios de igualdad jurídica y justicia imparcial.
Finalmente, el comité hizo un llamado a la comunidad internacional para que intervenga en el cumplimiento de las obligaciones legales vigentes y los derechos fundamentales en el territorio. Por su parte, organizaciones defensoras de derechos humanos, como Human Rights Watch, resaltaron la ausencia de protecciones para menores de edad en este marco normativo, señalando que el procesamiento de niños en tribunales militares agrava la situación de indefensión frente a la nueva pena máxima.
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