Comité de la ONU advierte sobre discriminación contra niños indígenas en sistema penal australiano

El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial comunicó su preocupación por la situación de los niños aborígenes y de las islas del Estrecho de Torres en Australia. Según el organismo internacional, estos menores enfrentan una discriminación racial de carácter sistémico e institucional dentro del sistema de administración de justicia penal de ese país, por lo que instó al Estado a intensificar medidas que corrijan este fenómeno.

Las estadísticas citadas por el organismo muestran que los niños indígenas representaron aproximadamente el 65% de la población en centros de detención juvenil durante un día promedio del periodo 2023-2024. Esta cifra contrasta significativamente con su representación demográfica, ya que este grupo constituye solo el 6.5 por ciento del total de niños de entre diez y diecisiete años en el territorio australiano.

El organismo vinculó esta desproporción con desigualdades estructurales que afectan el acceso a servicios básicos como la educación, la vivienda, la salud y la seguridad social. Asimismo, el reporte menciona que prácticas como la elaboración de perfiles raciales y la vigilancia policial excesiva aumentan las probabilidades de que los menores pertenecientes a comunidades originarias sean arrestados, procesados y recluidos de forma diferenciada respecto al resto de la población.

Otro punto central de la advertencia fue la edad mínima de responsabilidad penal en varias jurisdicciones australianas, la cual se mantiene en los diez años, situándose por debajo de los estándares internacionales de derechos humanos. El comité también manifestó su inquietud ante marcos legales que permiten imponer a menores penas propias de adultos, incluyendo en ciertos casos la cadena perpetua, lo que vulnera protecciones básicas de la infancia.

Las condiciones al interior de los centros de reclusión fueron calificadas como preocupantes por el comité. Entre las situaciones reportadas se encuentran el aislamiento prolongado, el confinamiento junto a adultos, el uso de capuchas antiescupitajo y la falta de atención sanitaria adecuada. Estos factores se relacionan con incidentes denunciados de autolesiones y suicidios entre los jóvenes privados de libertad.

Aunque el Estado australiano ha implementado medidas como la creación de la Comisión Nacional para Niños y Jóvenes Aborígenes o el Programa Nacional de Reinversión en Justicia, el comité señaló la falta de datos que confirmen la eficacia de estas iniciativas para reducir la sobrepoblación penal indígena. El organismo internacional enfatizó la necesidad de obtener información adecuada que respalde los avances reales de estas estrategias.

Este escrutinio se suma a críticas previas dirigidas a administraciones estatales. En Victoria, diversas organizaciones civiles denunciaron retrasos en la aplicación de salvaguardias contra la tortura, mientras que en Queensland, relatores especiales de las Naciones Unidas recomendaron recientemente rechazar reformas legales que buscaban endurecer las sentencias contra menores para asimilarlas a las de adultos, advirtiendo un impacto desproporcionado en la población indígena.

Vea declaración oficial.