Alabama ejecuta a condenado mediante hipoxia por nitrógeno y reaviva el debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos

El estado de Alabama en EE.UU. volvió a aplicar la pena de muerte mediante hipoxia por nitrógeno, un método altamente controvertido que consiste en sustituir el oxígeno que respira el condenado por gas nitrógeno puro.

La ejecución de Anthony Boyd, de 54 años, se llevó a cabo el jueves pasado a las 18:27 horas, tras la negativa de la Corte Suprema de los Estados Unidos de suspender la medida.

Boyd había sido condenado en 1995 por el asesinato de Gregory Huguley, cometido en 1993, luego de que un jurado recomendara la pena capital por 10 votos contra 2. Según la acusación, participó en el secuestro y homicidio de Huguley, quemado vivo por una deuda de drogas de 200 dólares. No existieron pruebas físicas directas, y la condena se basó en el testimonio de un coimputado que pactó una reducción de pena. Boyd siempre defendió su inocencia.

La ejecución se realizó conforme al protocolo estatal, que prevé una mascarilla industrial ajustada, la lectura de la orden de ejecución y un flujo continuo de nitrógeno durante 15 minutos o hasta cinco minutos después de la parada cardíaca. El gas comenzó a suministrarse a las 17:57, momento en que Boyd cerró el puño, levantó la cabeza y tembló. Posteriormente, se observaron respiraciones agitadas durante al menos 15 minutos, hasta que quedó inmóvil a las 18:27.

El método de hipoxia por nitrógeno, que Alabama estrenó en enero de 2024 con la ejecución de Kenneth Smith, ya ha sido utilizado siete veces en el estado y una en Luisiana. Otros estados —Arkansas, Misisipi y Oklahoma— han autorizado su aplicación, aunque sin ejecutarla aún.

Horas antes de la ejecución, la Corte Suprema rechazó el recurso de suspensión solicitado por la defensa. Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson disintieron. En su voto particular, Sotomayor advirtió que el método añade “terror psicológico innecesario” y que Boyd había solicitado “la forma más mínima de clemencia: morir por fusilamiento”, considerada más rápida y menos cruel. La magistrada enfatizó que “la evidencia creciente e ininterrumpida” sugiere que el método de hipoxia es inconstitucional.

Boyd había impugnado el procedimiento en julio de 2024, alegando riesgo de “dolor extremo y terror” por una asfixia consciente y propuso alternativas como el fusilamiento o la muerte médicamente asistida (MAID), aunque luego retiró esta última. La jueza federal Emily C. Marks desestimó la demanda, al considerar que las reacciones observadas podían ser involuntarias y que el fusilamiento sería más doloroso. El Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito confirmó la decisión el 20 de octubre.

El estándar aplicado proviene de los precedentes Baze v. Rees y Glossip v. Gross, según los cuales el condenado debe probar que existe una alternativa disponible que reduzca significativamente el sufrimiento y que el Estado la rechaza sin justificación. La Corte Suprema mantuvo su política de no interferir salvo en circunstancias excepcionales en materia de pena capital.

Los defensores del método argumentan que se trata de una alternativa más humana que la inyección letal o la silla eléctrica, debido a la abundancia, bajo costo y estabilidad del nitrógeno, además de evitar los conflictos legales y de suministro de fármacos para las inyecciones. Sus críticos, en cambio, advierten que no existen estudios científicos concluyentes y que los movimientos convulsivos observados en las ejecuciones recientes sugieren una posible experiencia angustiante y dolorosa.

Boyd pasó sus últimas horas con nueve visitantes y dos llamadas telefónicas. Rechazó el almuerzo, la cena y la última comida.