Tomas en el Nacional Buenos Aires: exrector reclama que la Corte Suprema se pronuncie

El exrector del Colegio Nacional Buenos Aires y docente de la Universidad de Buenos Aires, Gustavo Zorzoli, reclamó públicamente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida sobre las tomas de establecimientos educativos, en el marco de las medidas de fuerza que llevan adelante estudiantes del Nacional Buenos Aires y de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini.

Ambos establecimientos —dependientes de la UBA— se encuentran tomados por tiempo indeterminado. La medida fue adoptada por los alumnos con el objetivo de exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, norma que fue vetada por el Poder Ejecutivo pese a haber sido aprobada por el Congreso en más de una oportunidad.

Zorzoli, quien tiene una extensa trayectoria al frente del Nacional Buenos Aires, señaló que históricamente mantuvo una posición contraria a las tomas. "La toma de un edificio público es una contravención", afirmó, y agregó que los propios estudiantes —en su mayoría menores de edad— quedan expuestos a riesgos por el solo hecho de participar de la medida.

Sin embargo, el exrector reconoció haber modificado su postura ante la situación actual. Relató que solía aconsejar a sus alumnos que la toma debía ser el último recurso, precedido de negociación y diálogo: "No puede ser que la toma sea la primera medida de reclamo, tiene que ser la última. Tiene que haber negociación, discusión". Pero aclaró que en este caso ese proceso ya se agotó por fuera del ámbito escolar: el Congreso aprobó la norma, hubo veto, y fue aprobada nuevamente.

En ese contexto, Zorzoli sostuvo que la Corte Suprema debe intervenir y fijar una posición sobre la materia. "La Corte Suprema tiene que expresarse", señaló, en referencia tanto a la legalidad de las tomas como a la situación de fondo vinculada al financiamiento universitario.

El reclamo del exrector pone en primer plano la tensión entre el derecho a la protesta estudiantil, la protección de los menores de edad y la eficacia de las vías institucionales para resolver conflictos de política educativa.