PROCUVIN: el 54% de los reclamos de presos federales involucran acceso a la justicia y a la salud

Un informe elaborado por la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) reveló que más de la mitad de los reclamos registrados durante 2025 a través de sus líneas telefónicas gratuitas —destinadas a personas privadas de la libertad en establecimientos federales— tuvieron por objeto dificultades en el acceso a la justicia y deficiencias en la atención médica intramuros.

De un total de 399 llamados que generaron 574 reclamos, 146 correspondieron a obstáculos para acceder a la justicia y 149 a problemas de salud, lo que representa el 54% del universo relevado. Entre las barreras en el acceso a la justicia, el informe identificó dificultades para comunicarse con defensores, insuficiencia de recursos de la defensa pública, obstáculos de orden administrativo y el temor a sufrir represalias. En materia de salud, la principal problemática registrada fue la falta de atención clínica, que representó el 95% de los casos de esa categoría.

El 95% de las comunicaciones —379 en total— provinieron de establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF). El resto correspondió a comisarías y servicios penitenciarios provinciales. La mayor concentración de llamados se registró en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, el CPF II de Marcos Paz —ambos en la provincia de Buenos Aires— y el CPF V de Senillosa, en la provincia de Neuquén. En cuanto al perfil de los comunicantes, el 93% fueron varones, el 4% mujeres y el 2% personas travesti-trans.

Además de los reclamos vinculados a la salud y al acceso a la justicia, el informe consignó otros motivos frecuentes: condiciones materiales de detención (44 casos), pedidos de cambio o permanencia en el lugar de alojamiento (35), trabajo o educación (29), vinculación familiar (26), malos tratos del personal penitenciario (23) y situaciones de aislamiento (20).

El relevamiento también registró 83 situaciones de violencia o conflictividad intramuros. De ese subtotal, el 30% correspondió a métodos de protesta —como huelgas de hambre o incendios—, el 28% a malos tratos del personal penitenciario y el 24% a casos vinculados al aislamiento solitario.

En respuesta a los reclamos receptados, la PROCUVIN realizó 588 gestiones: 301 informes ante dependencias judiciales, 191 pedidos de intervención dirigidos al SPF, 58 comunicaciones telefónicas directas y 23 denuncias penales, entre otras acciones. El organismo subrayó que estas líneas funcionan como un mecanismo clave para identificar y mitigar vulneraciones de derechos en contextos de privación de la libertad, ámbito en el que el Estado actúa como garante.