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Procurador Casal propone solución para evitar que Federal acapare causa Kueider
El fiscal superior recomendó al máximo tribunal rechazar la inhibitoria presentada por la jueza Arroyo Salgado, sugiriendo una división de la investigación por períodos según la jurisdicción donde se originaron los hechos.

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, emitió un dictamen ante la Corte Suprema de Justicia recomendando desestimar el pedido de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado de quedarse en exclusiva con la investigación por enriquecimiento ilícito contra el exsenador Edgardo Kueider.
La magistrada había presentado una inhibitoria contra el Juzgado de Garantías 2 de Concordia, Entre Ríos, cuyo titular es Ives Bastián, instancia que también tramita un proceso en contra del expresenador. El juzgado entrerriano rechazó el pedido, decisión que fue avalada por la Cámara provincial. La controversia llegó así a la Corte.
Casal propuso un criterio alternativo que evitaría la concentración total de la causa en Buenos Aires. Consideró que, si bien ambos juzgados investigan el mismo delito—enriquecimiento ilícito—, existe una diferencia sustancial en los períodos temporales analizados. El Juzgado Federal de San Isidro centró su investigación a partir de abril de 2019, mientras que el tribunal entrerriano abarca un lapso mucho más extenso: desde 1999 hasta 2019, período durante el cual Kueider se desempeñó en diversos cargos públicos.
Sobre esta base, el Procurador sugirió que la distribución de competencias podría ordenarse conforme al criterio temporal, permitiendo que cada jurisdicción continúe con los hechos que efectivamente corresponden a su ámbito geográfico y temporal. Esta propuesta busca equilibrar la carga procesal y evitar duplicaciones innecesarias, respetando el principio de división de competencias establecido en la normativa procesal.
La recomendación de Casal resulta relevante porque no favorece de lleno a ninguna de las partes en conflicto: rechaza la pretensión federal de acaparar la totalidad del expediente, pero tampoco avala que el tribunal entrerriano retenga la causa completa. En cambio, propone un modelo de complementariedad que podría resolver tanto la disputa jurisdiccional como la cuestión sustancial de qué tribunal está mejor posicionado para investigar cada segmento temporal.
Ahora corresponde a la Corte Suprema definir si acoge la posición del Procurador o si opta por una solución distinta. La decisión tendrá implicaciones no solo para este caso, sino para la jurisprudencia sobre conflictos de competencia en causas complejas que involucran hechos de múltiples jurisdicciones.
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