Organizaciones civiles cuestionan alcance excesivo de proyecto de ley de lobby

El proyecto de ley de lobby presentado por el Gobierno nacional encendió alarmas en el sector de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en materia de transparencia y control del Estado. Aunque reconocen la necesidad de regular y transparentar la influencia sobre decisiones públicas, estos actores advierten que la propuesta incurre en una definición amplia de "gestión de intereses" que podría afectar actividades ordinarias de incidencia ciudadana.

Según Poder Ciudadano, una de las organizaciones más visibles en cuestiones de probidad y transparencia, la iniciativa no establece una distinción clara entre quienes buscan defender intereses particulares —típicamente empresariales— y quienes impulsan causas de interés público. "La definición de gestión de intereses es demasiado amplia", señaló Pablo Secchi, director ejecutivo de la entidad.

La preocupación central radica en que cualquier reunión, comunicación telefónica o correo electrónico dirigido a un legislador o funcionario con el objetivo de promover cambios en una política pública podría quedar alcanzado por el régimen de regulación propuesto. Esto significaría que actividades cotidianas de monitoreo y advocacy ciudadano —como la promoción de reformas en leyes de acceso a la información pública o iniciativas vinculadas al fortalecimiento democrático— quedarían sometidas a las mismas exigencias que las gestiones de empresas en defensa de intereses comerciales.

La crítica toca un punto sensible en la tensión entre dos valores igualmente relevantes: la transparencia en la influencia sobre decisiones públicas, por un lado, y la protección de la libertad de petición y asociación, por el otro. Un régimen de lobby mal calibrado corre el riesgo de desincentivar la participación ciudadana legitima en la deliberación de políticas públicas, especialmente entre actores con recursos limitados para cumplir trámites administrativos onerosos.

Las organizaciones de la sociedad civil han abierto un diálogo con el Gobierno sobre cómo ajustar la propuesta, buscando que se incorporen salvaguardas que permitan distinguir entre actividades de incidencia ciudadana genuina y cabildeo corporativo o de intereses particularizados. La definición operativa de qué constituye "gestión de intereses" y cuáles son las excepciones será determinante para el alcance y legitimidad de la futura norma.