Nacional
Mahiques denunció "persecución mediática" contra jueces mientras defiende su permanencia
El camarista de la Cámara Federal de Casación Penal, padre del ministro de Justicia, se refirió a supuestos intercambios de información entre magistrados y medios. Su continuidad en el cargo fue respaldada por decreto presidencial.

El juez Carlos Mahiques, vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, denunció recientemente una "persecución mediática" en contra de integrantes del Poder Judicial, señalando supuestos intercambios de información entre magistrados y medios de comunicación.
Mahiques, de 75 años, continúa en su cargo tras ser respaldado mediante decreto del presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva. Su permanencia reviste excepcionalidad normativa: según la regulación vigente, los jueces de su edad deben obligatoriamente jubilarse, salvo que cuenten con respaldo expreso del Senado y el Poder Ejecutivo, situación que se concretó en su caso.
El magistrado se vio envuelto en un escándalo durante febrero de este año cuando una investigación periodística reveló que habría celebrado su cumpleaños en una quinta de Pilar vinculada a Pablo Toviggino, número dos de la Asociación del Fútbol Argentino. Toviggino, cercano a Claudio Tapia, se encuentra bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Mahiques es padre de Juan Bautista Mahiques, actual ministro de Justicia de la Nación, designación que ya generó cuestionamientos respecto de potenciales conflictos de interés en materia de independencia del Poder Judicial.
Las declaraciones del camarista sobre "persecución mediática" se contextualizan en un período donde la cuestión de la relación entre medios de comunicación, magistrados y funcionarios públicos mantiene vigencia institucional. Su reclamo plantea interrogantes sobre los límites entre escrutinio público legítimo de funcionarios judiciales y lo que califica como presión mediática indebida.
La situación evidencia tensiones en el seno de la judicatura respecto de la transparencia y la accountability de sus integrantes, particularmente en supuestos donde actividades de magistrados de alto rango podrían vincularse con investigaciones por lavado de dinero.
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