La SCBA fija reglas transitorias para la ejecución penal juvenil mientras no funcionen los nuevos juzgados

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA) dictó una resolución que establece las condiciones transitorias de aplicabilidad de la Ley 15.571 de Ejecución Penal Juvenil, en tanto no se pongan en funcionamiento los Juzgados de Ejecución especializados en el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Conforme al texto de la resolución, la competencia en materia de ejecución penal recaerá, en forma provisional, en los mismos órganos judiciales que impusieron las medidas socioeducativas, tal como lo establece el artículo 30 de la Ley 13.634. Este esquema se mantendrá vigente hasta tanto los nuevos juzgados comiencen efectivamente a funcionar.

En cuanto a las instancias de apelación, la resolución diferencia según la composición de cada cámara. Las Cámaras de Apelación y Garantías en lo Penal que cuenten con una sola sala mantendrán los mecanismos actuales de asignación de causas en el fuero juvenil. El resto de las cámaras y el Tribunal de Casación Penal deberán definir, mediante sorteo, la Sala que —en forma rotativa y anual— asumirá las causas de este fuero a partir del 1° de junio de 2026. Antes de esa fecha, cada órgano deberá comunicar a la SCBA, a través de la Secretaría de Planificación, cuál sala inicia la secuencia.

El tribunal aclaró que la asignación de causas del fuero juvenil no impedirá que las salas designadas continúen interviniendo en las restantes causas del fuero penal ordinario. En ese marco, encomendó a la Secretaría de Planificación que analice posibles adecuaciones normativas para la asignación y registración de expedientes.

Asimismo, la SCBA encargó al Instituto de Estudios Judiciales que evalúe la conveniencia de organizar un ciclo de capacitaciones específicas para magistrados y funcionarios sobre el contenido de las nuevas normas en materia de ejecución penal juvenil.

Finalmente, la resolución dispuso comunicar la situación tanto al Poder Legislativo como al Poder Ejecutivo provincial, a fin de que evalúen la posibilidad de revisar la normativa, considerando las dificultades concretas de aplicación que presenta en el contexto actual.

La decisión se inscribe en el proceso de implementación de la Ley 15.571, sancionada a fines de 2025, que busca modernizar y especializar el tratamiento de los jóvenes en conflicto con la ley penal en la provincia de Buenos Aires.