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Nacional

Ministerio de Justicia — Reforma procesal penal

La Plata entra en el sistema acusatorio el 21 de septiembre

El Gobierno adelantó la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en la jurisdicción de la Cámara Federal platense, mientras Córdoba deberá esperar hasta marzo de 2027. La medida se oficializó mediante Resolución 275/2026.

Por Redacción·25 de junio de 2026
Panoramic view of Buenos Aires skyline with modern buildings and clear skies, featuring a field in the foreground.
Imagen referencial

El Ministerio de Justicia fijó el próximo 21 de septiembre como fecha de entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, conforme a la Resolución 275/2026 publicada en el Boletín Oficial. La implementación en la provincia de Córdoba fue diferida hasta el 8 de marzo de 2027, en el marco de un cronograma de implementación progresiva del nuevo régimen procesal penal federal.

La Ley 27.150 establece que el Código Procesal Penal Federal "entrará en vigencia en virtud del cronograma de implementación progresiva que determine el Ministerio de Justicia". El ministerio posee la facultad de dictar los actos necesarios para su puesta en marcha y ha venido impulsando el proceso con "el objetivo de reactivar el proceso de reforma y ampliar su vigencia territorial, conforme a criterios de planificación operativa estratégica y sostenibilidad institucional".

El nuevo régimen procesal introduce el sistema acusatorio en la justicia penal federal. Bajo este modelo, los fiscales del Ministerio Público Fiscal asumen la dirección de la investigación penal, mientras que los jueces concentran su función en el control de legalidad y en la resolución de los planteos de las partes. La reforma apunta a agilizar los procesos mediante audiencias orales, digitalización de trámites y una separación más clara de roles entre acusación, defensa y judicatura.

Hasta el momento, el sistema acusatorio ya fue instaurado en nueve distritos federales que comprenden las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes, Salta, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. También se encuentra vigente en regiones de Buenos Aires correspondientes a las jurisdicciones de Bahía Blanca, Mar del Plata y San Nicolás de los Arroyos.

La jurisdicción de La Plata comprende una zona extensa del sur del Área Metropolitana, el noreste y noroeste bonaerense, abarcando 45 partidos. El Ministerio de Justicia destacó la importancia estratégica del territorio, donde se encuentran el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini y los puertos fluviales de La Plata y Dock Sud, definidos como "nodos de significativa relevancia para el tránsito comercial, logístico y poblacional de la región".

Para justificar el adelanto respecto de la fecha original prevista para el 30 de noviembre de 2026, el ministerio hizo énfasis en los avances alcanzados en materia edilicia, tecnológica y de capacitación. La resolución señaló que "el estado de avance alcanzado en las acciones de adecuación edilicia, incorporación de tecnología, fortalecimiento de capacidades institucionales y coordinación interinstitucional" permite contar con "un grado suficiente de preparación" para establecer la nueva fecha.

Entre las inversiones ejecutadas figuran la entrega de herramientas de análisis forense digital mediante Sistemas UFED, la adecuación de infraestructura edilicia con la Procuración General, y el montaje de salas de audiencias con equipamiento tecnológico y sistemas audiovisuales. Las acciones de capacitación incluyeron simulacros de audiencias y talleres de estandarización operativa para magistrados y equipos técnicos.

Córdoba, en cambio, deberá esperar. Aunque el cronograma original contemplaba su implementación en junio de 2026, la entrada en vigencia fue reprogramada para el 8 de marzo de 2027. El Ministerio de Justicia remarcó que la puesta en marcha en jurisdicciones de mayor complejidad exige "actuación coordinada y proactiva entre todos los actores públicos involucrados" para garantizar que la transición cuente con los medios necesarios.

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