La Ley de Modernización Laboral recupera vigencia tras levantarse la cautelar que la frenaba

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 levantó la cautelar que había suspendido 81 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, con lo que la norma impulsada por el Gobierno Nacional recobró plena vigencia en el transcurso de poco más de un mes.

La causa se originó en el fuero laboral, donde la Confederación General del Trabajo (CGT) presentó una demanda declarativa contra el Estado Nacional cuestionando un amplio conjunto de disposiciones de la reforma —entre ellas, las referidas a período de prueba, indemnizaciones, negociación colectiva, derecho de huelga, tutela sindical y fondos de asistencia laboral—. El Juzgado Nacional del Trabajo N°63 aceptó el planteo y concedió la suspensión cautelar. Sin embargo, tras un conflicto de competencia impulsado por el Estado Nacional, la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativa Federal determinó que el expediente debía tramitar en ese fuero.

Una vez radicada la causa bajo su órbita, la jueza Macarena Marra Giménez revisó de oficio la medida concedida por la instancia laboral y concluyó que no se verificaban los requisitos legales para mantenerla. El fallo sostiene que:

"La declaración de inconstitucionalidad de normas legales o reglamentarias constituye una de las más delicadas funciones susceptibles de encomendarse a un Tribunal de Justicia" y que se trata de "un acto de suma gravedad institucional".

La magistrada también cuestionó la extensión del planteo sindical, al señalar que:

"Realizar un examen a título cautelar sobre la arbitrariedad o inconstitucionalidad de 81 artículos de una ley dictada por el Congreso Nacional resultaría un claro abuso del instituto cautelar".

En esa línea, el pronunciamiento destacó que la complejidad y extensión de los cuestionamientos —que abarcan contratos individuales de trabajo, negociaciones colectivas, asuntos sindicales y regímenes especiales— exigen "un examen profundo" incompatible con el análisis sumario propio de una medida cautelar, sin riesgo de adelantar opinión sobre el fondo del asunto.

Otro eje del fallo fue el rechazo al argumento de urgencia planteado por la CGT. La jueza consideró que la proximidad del dictado de una sentencia definitiva en el proceso sumarísimo reducía el peligro en la demora que la parte actora había invocado para justificar la suspensión.

Finalmente, la resolución ordenó al Juzgado Nacional del Trabajo N°63 remitir la totalidad de las actuaciones pendientes, con el objeto de centralizar el proceso colectivo en el fuero contencioso administrativo.

La causa, caratulada Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional - Poder Ejecutivo Nacional s/ acción declarativa, continúa su trámite mientras se aguarda el pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad de la reforma.