La Defensoría General crea una coordinación nacional para las defensorías de víctimas

La Defensoría General de la Nación (DGN) dispuso la creación de la Coordinación de las Defensorías Públicas de Víctimas, una nueva instancia institucional destinada a ordenar y fortalecer la atención especializada que el organismo brinda a personas en situación de vulnerabilidad en todo el territorio nacional.

La medida fue adoptada por el defensor general de la Nación, Julián Horacio Langevin, con el propósito de consolidar dispositivos estables y especializados que garanticen intervenciones homogéneas y de calidad. Según el comunicado oficial de la DGN, el reconocimiento efectivo de los derechos de las víctimas requiere estructuras "estables, especializadas y coordinadas" que permitan respuestas coherentes y respetuosas en cada jurisdicción del país.

La iniciativa se encuadra en los principios de la Ley N° 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, que reconoce a las víctimas como sujetos jurídicos autónomos con derechos exigibles en todas las etapas del proceso penal. La nueva Coordinación también deberá actuar en consonancia con la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos vigentes.

Entre las funciones prioritarias que se le asignan a la nueva dependencia se destacan el acompañamiento técnico a las víctimas, el aseguramiento del acceso a información adecuada, la protección de sus derechos durante el proceso y la promoción de la reparación integral del daño sufrido. Asimismo, tendrá a su cargo la articulación y el fortalecimiento de las Defensorías Públicas de Víctimas ya existentes en las distintas jurisdicciones del país.

Para conducir este espacio estratégico fue designada María Fernanda Alberdi, Secretaria Letrada de la Defensoría General de la Nación.

La creación de esta instancia responde, según la DGN, a la necesidad de avanzar hacia un modelo de justicia más inclusivo, en el que las personas afectadas por delitos cuenten con herramientas concretas para hacer valer sus derechos desde el inicio de la investigación hasta la eventual reparación.