La CSJN confirma condena de ocho años a policía por torturas en comisaría de Firmat

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso extraordinario interpuesto por un efectivo policial condenado a ocho años de prisión por su participación en la detención ilegal y las torturas infligidas a Alexis Alejandro Meyer en junio de 2013, en la seccional 13ª de Firmat, provincia de Santa Fe.

Según los hechos reconstruidos en la causa, Meyer circulaba en bicicleta junto a su novia cuando fue interceptado en la vía pública por dos agentes, sin orden judicial ni justificación aparente, y trasladado a la dependencia policial bajo el pretexto de "averiguación de antecedentes". Una vez en el patio de la comisaría, los efectivos lo sometieron a graves vejaciones con el propósito de obtener información sobre un grupo dedicado al robo de lápidas en el cementerio local.

De acuerdo con lo establecido en la causa, los policías "lo obligaron a desnudarse, se turnaron para golpearlo una y otra vez, lo hicieron parar sobre una rejilla, y lo mojaron con una manguera que también le colocaron en la boca, lo cual le provocó vómitos". Posteriormente, "con un palo de escoba que tenía atado un cable pelado, lo "picanearon" mientras lo amenazaban con empalarlo y matarlo". Meyer logró escapar desnudo y fue auxiliado por un vecino, ante quien identificó a los responsables: los policías Jorge Sotelo, Matías Bustos, Walter Aguiar, Alejandro Coppeti, Juan José Zanel y el comisario Edgardo Raúl Alé, todos pertenecientes a la Unidad Regional VIII.

El trámite procesal tuvo un extenso recorrido. En 2015, un juez de Sentencia de Melincué impuso condenas más leves, calificando los hechos como apremios ilegales agravados. Tras las apelaciones de la fiscalía y la querella, un tribunal de segunda instancia elevó en 2017 la calificación a privación abusiva de la libertad e imposición de torturas y aumentó las penas a ocho años de prisión. Sin embargo, en 2018 otra sala del Colegio de Cámara de Apelación de Rosario revocó esa decisión y restableció las condenas originales. En 2023, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe anuló esa sentencia y ordenó un nuevo pronunciamiento. En febrero de 2024 se volvió a imponer la pena de ocho años, ratificada en septiembre de ese año por el máximo tribunal provincial.

Con el rechazo del recurso extraordinario por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quedó firme la condena de ocho años de prisión y la calificación más gravosa de los hechos, que distingue la imposición de torturas de la figura menor de apremios ilegales. La decisión del alto tribunal pone punto final a un proceso que se extendió por más de una década.