La Corte resuelve conflicto de competencia en caso de trabajadora penitenciaria

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió un conflicto negativo de competencia originado en una acción de amparo promovida por una trabajadora del Servicio Penitenciario Federal que acumuló dos pretensiones de naturaleza jurídica diferente.

La demandante requería, en primer término, que la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal efectuara un cambio en su escalafón penitenciario y adecuara sus tareas conforme a su condición de licenciada en enfermería. Simultáneamente, solicitaba que la Dirección de Obra Social le proveyera regularmente la medicación necesaria para el tratamiento de su esclerosis múltiple con los descuentos correspondientes y sin costo adicional.

El tribunal identificó que ambas pretensiones, aunque promovidas en la misma acción, se vinculaban a materias que excedían la competencia de un único fuero federal. El análisis oficial del fallo sostiene que "la actora acumuló dos pretensiones diferentes que corresponden —en el ámbito de la Capital Federal— a la competencia de dos fueros federales distintos".

Respecto del reclamo relativo al cambio de escalafón y adecuación de funciones, la Corte resolvió que la justicia nacional en lo contencioso administrativo federal es competente, en tanto la controversia atañe a cuestiones inherentes a la administración pública, particularmente a la relación de empleo público que vincula a la trabajadora con el organismo demandado. El tribunal consideró que para resolver la disputa resulta necesario aplicar normas y principios propios del derecho público, donde el derecho administrativo asume una relevancia prioritaria.

En cambio, con respecto al reclamo vinculado con la medicación, la Corte determinó que la justicia en lo civil y comercial federal resulta competente. El tribunal entendió que en este aspecto se encuentran en juego normas y principios institucionales y constitucionales de trascendencia prioritaria para la estructura del sistema de salud implementado por el Estado Nacional.

La decisión refleja la necesaria delimitación de competencias cuando una demanda acumula pretensiones heterogéneas que, aunque conectadas por la identidad de partes, responden a regímenes jurídicos distintos y requieren la aplicación de marcos normativos diferenciados.