La Ciudad impulsa su propio servicio de conciliación laboral previa

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó ante la Legislatura un proyecto de ley destinado a crear el Servicio de Conciliación Laboral Previa y Obligatoria (SCLPO), una instancia administrativa que deberá agotarse antes de que los trabajadores y empleadores acudan a la jurisdicción laboral porteña.

Según consta en la iniciativa, el nuevo servicio tendría por objeto "dotar a la Ciudad de un servicio especializado, ágil, gratuito y de excelencia que haga plenamente efectiva la Conciliación Laboral Previa y Obligatoria prevista en la Ley 265, optimizando así el funcionamiento de la Justicia del Trabajo".

El proyecto toma como referencia modelos exitosos de conciliación laboral en América Latina y países de la OCDE, así como la experiencia del Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio (SECLO) que funciona a nivel nacional bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. "Esta iniciativa busca asegurar un mecanismo claro, eficiente y accesible que promueva la autocomposición de los conflictos, reduzca la litigiosidad en el fuero especializado, garantice la igualdad de las partes y otorgue legalidad a los acuerdos arribados", indica el texto.

El proyecto faculta a la Autoridad Administrativa del Trabajo —actualmente la Secretaría de Trabajo y Empleo, dependiente del Ministerio de Justicia— a dictar las normas complementarias para implementar el servicio. Asimismo, crea el Registro de Conciliadores Laborales, integrado por abogados con antecedentes comprobables en derecho del trabajo y en métodos alternativos de resolución de conflictos, seleccionados mediante sorteo electrónico con requisitos rigurosos de idoneidad.

Los acuerdos estarán sometidos a control de legalidad por la Autoridad Administrativa del Trabajo y, una vez homologados, tendrán efecto de cosa juzgada, convirtiéndose en título ejecutivo ante la Justicia del Trabajo porteña.

El sistema contempla también la conciliación espontánea para ratificar acuerdos voluntarios y el arbitraje voluntario, ampliando así las opciones de solución de conflictos. Además, prevé la posibilidad de celebrar convenios con asociaciones sindicales y empresariales para descentralizar el servicio y ampliar su cobertura territorial y sectorial.

La iniciativa incluye como anexo un procedimiento de conciliación que regula la comparecencia de las partes, la determinación de multas por incomparecencia injustificada y el régimen completo de homologación de acuerdos.