Juez suspende sistema de geolocalización en GCBA por defectos de legalidad

El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario 15 de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar a una medida cautelar autónoma interpuesta por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y suspendió la vigencia de la "Hoja de Ruta Electrónica" (HRE), un sistema de control de asistencia basado en geolocalización implementado unilateralmente por el Gobierno porteño a partir de abril de 2026.

En su decisión, el magistrado Víctor Trionfetti determinó que el GCBA incurrió en una "vía de hecho" al carecer del acto administrativo fundamentado que justificara la imposición del sistema. El tribunal advirtió un déficit grave de juridicidad: la Ciudad no acreditó en qué norma ni decreto sustentaba la exigencia de que los trabajadores utilizaran sus dispositivos móviles personales para materializar el registro horario mediante geolocalización.

El fallo subraya que 'la vía de hecho lesiona el principio de legalidad e inhibe la posibilidad de control de los actos de gobierno, los cuales deben enmarcarse dentro de la juridicidad propia de cada rama de gobierno'. Según el magistrado, permitir tales prácticas representaría "pura regresión y arbitrariedad".

ATE cuestionó la implementación por tratarse de una medida "intempestiva", adoptada sin negociación colectiva previa ni garantías suficientes en materia de protección de datos personales. El sindicato denunció además que el sistema ocasionaba problemas operativos que derivaban en descuentos salariales y sanciones disciplinarias injustificadas para empleados que realizan tareas territoriales, guardias y acompañamientos sociales incompatibles con un registro rígido y estandarizado.

Por su parte, el GCBA argumentó que la herramienta representaba un avance en "despapelización" y modernización administrativa, sosteniendo que no realizaba seguimiento permanente sino solo verificación de ubicación "al momento del fichaje" y que existían mecanismos alternativos para empleados sin conectividad o dispositivos operativos.

No obstante, la magistratura encontró insuficientes estas explicaciones frente a la ausencia de un fundamento jurídico sólido. La suspensión de la HRE representa un límite claro al ejercicio del poder ejecutivo local, recordando que incluso en cuestiones administrativas la legalidad constituye un presupuesto ineludible de validez.