Jorge Macri impulsa la creación del fuero laboral porteño a la espera del pronunciamiento judicial

El jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, aceleró los trámites legislativos para la creación de la Justicia laboral porteña, presentando ante la Legislatura un conjunto de iniciativas destinadas a reorganizar institucionalmente el Poder Judicial local. La medida se inscribe en el contexto del acuerdo suscripto hace cuatro meses con la administración nacional de Javier Milei para la transferencia de competencias en materia laboral a la órbita de la ciudad.

Entre las iniciativas figura la creación de un servicio de conciliación obligatoria que operaría en territorio porteño, así como una reforma integral del Código Procesal local. Según explicó el gobierno de la ciudad, estos cambios buscan contar con todo el esquema institucional dispuesto para la puesta en funcionamiento del fuero laboral una vez que la Justicia autorice el traspaso.

La reivindicación de competencias laborales por parte de la ciudad remonta a la reforma constitucional de 1994, cuando Buenos Aires adquirió estatus de autonomía y comenzó a reclamar la jurisdicción sobre conflictos laborales que hasta entonces administraba la Justicia Nacional del Trabajo. El debate se reactivó a fines del año pasado cuando el gobierno nacional incluyó en el texto de su reforma laboral una referencia a la "vigencia transitoria de la Justicia Nacional del Trabajo", lo que aceleró las negociaciones entre Nación y ciudad.

En febrero de este año, Macri formalizó el acuerdo con Milei mediante la suscripción de un convenio que establece los términos de la transferencia de competencias. Sin embargo, la materialización del fuero laboral porteño requiere de un pronunciamiento favorable de la Justicia ordinaria, que aún no se ha producido.

Los proyectos presentados buscan optimizar la estructura procesal y administrativa del Poder Judicial porteño, de modo que pueda asumir sin demoras la nueva competencia. La conciliación obligatoria es considerada por el gobierno como un mecanismo de descompresión que permitiría reducir litigiosidad y facilitar la resolución temprana de conflictos laborales en la ciudad.