Etiquetado frontal: la oposición atribuye motivaciones económicas a la iniciativa oficialista de derogación

El Poder Ejecutivo nacional remitió al Congreso una iniciativa para derogar la Ley 27.642 de etiquetado frontal de alimentos, conocida por los octógonos de advertencia nutricional, y el texto aguarda su giro a comisión en el Senado para habilitar el debate formal.

La propuesta integra un paquete más amplio de reformas legislativas impulsadas por el gobierno libertario, aunque por el momento no parece gozar de prioridad en la agenda de la Cámara alta respecto de otros proyectos sensibles, como las modificaciones al régimen de salud mental. Frente a ese cuadro, sectores de la oposición —incluyendo referentes del peronismo y del kirchnerismo— así como algunos aliados dialoguistas han expresado cautela o directa resistencia.

El argumento que predomina entre los críticos apunta a que la eliminación de los octógonos tendría un único fin práctico: mejorar la "presentación" de los productos alimentarios para estimular las ventas en un contexto de consumo deprimido. Un referente del kirchnerismo consultado sintetizó esa lectura al señalar que quitar la norma por completo solo podría explicarse por el deseo de "liberar la supuesta carga negativa de los octógonos para ver si, de esa manera, levantan ventas". El mismo dirigente cuestionó además el alcance real de esa medida ante el deterioro del poder adquisitivo de la población.

Desde sectores más cercanos al Ejecutivo también se advirtió una aparente contradicción: mientras el oficialismo impulsa la derogación del etiquetado frontal, llegó simultáneamente a la Cámara alta el proyecto aprobado por Diputados con cambios profundos en los subsidios de las denominadas "zonas frías", lo que evidencia tensiones en la agenda legislativa oficial.

La Ley 27.642, vigente desde 2021, establece la obligatoriedad de los sellos octogonales negros de advertencia en productos con exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas y calorías. Su sanción fue impulsada por legisladores de distintos bloques y contó con respaldo de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la salud pública.

El debate en el Senado aún no tiene fecha confirmada, y la suerte del proyecto dependerá en buena medida de la posición que adopten los bloques dialoguistas, cuyo acompañamiento resulta indispensable para el oficialismo en la Cámara alta.