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Nacional

El FMI alertó sobre retrasos en publicación de declaraciones patrimoniales de funcionarios argentinos

El organismo incluyó observaciones sobre transparencia y anticorrupción en su informe técnico tras aprobar la segunda revisión del acuerdo con el gobierno de Milei.

Por Redacción·29 de mayo de 2026
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió sobre demoras en la publicación de las declaraciones juradas de bienes de funcionarios del Estado argentino, en el marco del informe técnico difundido tras la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con el gobierno nacional y el consecuente desembolso de USD 1.000 millones.

Las observaciones fueron incluidas en el denominado Box 9 del reporte del staff del organismo, dedicado a la evaluación de los marcos de gobernanza económica y anticorrupción. Según consignó Infobae, el documento critica los "retrasos en la publicación" de esas declaraciones y reclama la adopción de medidas adicionales en materia de probidad pública, conflictos de interés y funcionamiento del Poder Judicial.

La difusión del informe coincidió con la controversia pública en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, vinculada a revelaciones sobre viajes al exterior y el crecimiento de su patrimonio. A ello se suma que, al momento de publicarse el documento del FMI, la declaración jurada patrimonial correspondiente al funcionario no había sido presentada formalmente ante la Oficina Anticorrupción. El plazo original para la presentación vencía el 30 de mayo, pero el Ejecutivo nacional otorgó una prórroga que extiende ese vencimiento hasta el 31 de julio.

Las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos constituyen un instrumento central del sistema de control de probidad en la Argentina, regulado por la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Su publicación oportuna es considerada un estándar mínimo de transparencia en los acuerdos con organismos internacionales de crédito.

El señalamiento del FMI adquiere relevancia institucional dado el contexto del acuerdo vigente con el gobierno argentino, en el que los compromisos de gobernanza y anticorrupción forman parte de las condicionalidades evaluadas en cada revisión periódica.

Fuente: Infobae Política, 28 de mayo de 2026.

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