Docentes procesados por usar instalaciones universitarias en actividades privadas

La Sala B de la Cámara Federal de Córdoba confirmó los procesamientos, sin prisión preventiva, de tres docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), acusados de haber utilizado de manera indebida instalaciones, equipamiento e insumos de la casa de estudios para desarrollar actividades privadas.

El inicio de la causa se remonta a una emisión radial de noviembre de 2024, en la que un abogado patrocinante de una docente de la Facultad de Ciencias Exactas de esa institución denunció irregularidades internas. El letrado señaló puntualmente que una firma privada ofrecía servicios de diagnóstico a través de redes sociales utilizando laboratorios y equipos pertenecientes a la UNRC.

La Fiscalía Federal ordenó una serie de medidas de prueba que incluyeron allanamientos, intervenciones telefónicas y levantamiento del secreto bancario y fiscal. De acuerdo con la presentación fiscal, las investigaciones detectaron "un concierto de voluntades tendiente a ocultar prueba, elementos e instrumentos del delito".

La investigación se centró en las sospechas sobre la utilización de los laboratorios N°5 y N°6 de la UNRC para la prestación de servicios privados vinculados con análisis biológicos, ensayos y asesoramientos técnicos. Según la imputación, para llevar a cabo estas actividades se emplearon materiales de laboratorio, reactivos y equipamiento especializado de manera indebida, tanto en horario laboral como durante fines de semana.

La camarista Montesi resaltó en su voto que la prueba reunida incluye documentación comercial, informes de organismos públicos, declaraciones testimoniales y material extraído de peritajes realizados a teléfonos celulares. Consideró que 'los elementos de convicción arrimados al proceso permiten tener por acreditada no solo la existencia del accionar ilícito, sino que son también suficientes para sostener, con el grado de probabilidad exigido, la participación y responsabilidad penal' de los encartados.

Los camaristas otorgaron particular relevancia a conversaciones telefónicas incorporadas al expediente, en especial a aquella donde dos acusados discutían la posibilidad de reemplazar informes para evitar detección durante la investigación. Asimismo, citaron una comunicación en la que uno de los investigados detallaba el funcionamiento de los servicios y hacía referencia a "la cantidad de curritos que hay ahí adentro".

Durante la investigación no pudo acreditarse que los imputados contaran con laboratorios propios, lo que permitió inferir que las pruebas efectuadas para los servicios que facturaban a título personal se realizaban efectivamente en las instalaciones de la Universidad.