Costas desproporcionadas: cuando ganar un juicio se convierte en una derrota económica

El Juzgado Civil y Comercial Nº 8 de Corrientes identificó una paradoja jurídica en la aplicación de la norma que regula el tope de responsabilidad por costas: la parte que ganó el proceso ejecutivo terminaba obligada a afrontar una suma sustancialmente mayor que el monto que logró cobrar.

En los autos "Asociación de Empleados Públicos de la Provincia de Corrientes c/ López Víctor Evaristo s/ proceso ejecutivo" (Expte. Nº 89686/13), el magistrado Leonardo Roberto Sánchez examinó el conflicto derivado de la regulación de honorarios al abogado de la parte actora vencedora, que ascendían a $641.245,68. El ejecutado pidió entonces la aplicación del artículo 730 del Código Civil y Comercial, que establece que la responsabilidad por el pago de costas, incluidos honorarios, no debe exceder el 25% del monto de la sentencia.

Lo que el juzgado observó fue una consecuencia manifiestamente irrazonable: la base de cálculo (capital más intereses) sumaba apenas $196.425,84. El 25% de esa cifra arrojaba $49.106,46. Sin embargo, los honorarios regulados totalilzaban $641.245,68. De aplicarse el límite, el ejecutado vencido respondería solo por el tope, mientras que el restante de $592.139,22 quedaría a cargo de quien había obtenido la sentencia favorable.

El fallo razonó que esa consecuencia desnaturaliza el principio fundamental de costas al vencido. "Quien obtuvo una sentencia favorable por $196.425,84 se vería obligado a afrontar costas por $592.139,22, lo que evidencia una notoria desproporción", sostuvo Sánchez.

Desde la perspectiva del derecho de propiedad, el juzgado estimó que el reconocimiento judicial debe salir ileso del proceso. Si quien debió acudir a los tribunales para cobrar su crédito termina soportando una parte de los gastos, ese reconocimiento se vuelve parcial o ilusorio, afectando además el acceso a la justicia.

El magistrado también advirtió que ese riesgo opera como factor disuasivo: si una persona sabe de antemano que, incluso ganando, puede quedar obligada a pagar parte de los honorarios sin derecho a reembolso, ello restringe indirectamente el derecho de acceso a la justicia.

En consecuencia, la sentencia rechazó el planteo del ejecutado, declaró la inconstitucionalidad del artículo 730 en su aplicación al caso concreto y dispuso las costas por su orden.