Corte Suprema confirma indemnización a familiares 22 años después de masacre escolar

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la obligación del Estado de indemnizar a los familiares de tres estudiantes asesinadas el 28 de septiembre de 2004 en la Escuela de Enseñanza Media N° 202 de Carmen de Patagones. El tribunal rechazó las apelaciones interpuestas tanto por el Ministerio de Seguridad de la Nación en representación de la Prefectura Naval como por la Fiscalía de Estado bonaerense en nombre de la Dirección General de Cultura y Educación.

El ataque ocurrió en el primer año B del Polimodal cuando un alumno de 15 años, hijo de un prefecto, ingresó al aula tras el izamiento de la bandera, desenfundó el arma de su progenitor y disparó contra sus compañeros. El hecho dejó tres estudiantes fallecidas y cinco heridas. El atacante fue declarado inimputable por la justicia de menores.

En las instancias anteriores, los tribunales federales de Bahía Blanca condenaron tanto a la escuela como a la Prefectura Naval. Respecto del establecimiento educativo, se consideró que no se acreditó un caso fortuito ni una respuesta diligente frente a conductas previas del alumno que habían sido advertidas por docentes según constancias del sumario administrativo. En cuanto a la fuerza de seguridad, se determinó que era propietaria del arma utilizada y que su efectivo incumplió el deber de custodia adecuada.

Ambas jurisdicciones apelaron ante la Corte Suprema. La Prefectura argumentó que la lógica del fallo le obligaría a realizar requisas diarias en domicilios de aproximadamente 35.000 efectivos. La provincia sostuvo que el suceso resultaba imprevisible e inevitable. El máximo tribunal desestimó ambos planteos mediante aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, con lo que quedó firme la condena civil.

La decisión, con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se pronunció en idéntico sentido al fallo dictado el año anterior en causa iniciada por familiares de una de las víctimas. En el caso de otra de las estudiantes fallecidas, la demanda contra el Estado obtuvo fallo de primera instancia en octubre de 2024 y continúa su trámite en instancias superiores.