Corte Suprema confirma ampliación de extradición a Brasil por delitos adicionales

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la ampliación de la extradición a Brasil de una imputada acusada de integrar filas del Primeiro Comando da Capital (PCC), organización criminal brasileña. El máximo tribunal rechazó los agravios de la defensa y validó que la justicia brasileña pueda procesar hechos adicionales no incluidos en el pedido original de extradición.

La imputada fue detenida en 2017 en un hotel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tras una alerta roja de Interpol. La justicia de Brasilia la acusó inicialmente de cuatro hechos: hurto, organización criminal, blanqueo de capitales y uso de documentos falsos. Aceptada la extradición ante la justicia federal capitalina, se hizo efectiva en 2018.

Posterior mente, el Estado brasileño solicitó ampliar el pedido para incluir cinco hurtos calificados cometidos en 2015 y un delito de asociación criminal cometido hasta el 25 de julio de 2015. El juez de primera instancia hizo lugar a esa ampliación. La defensa interpuso recurso ordinario de apelación, alegando que las autoridades brasileñas ya conocían esos hechos al formular el pedido inicial y que, sin embargo, no los incluyeron en ese momento.

En su pronunciamiento, la Corte sostuvo que "resultan tardíos los agravios" de la defensa y que "ese obstáculo procesal en modo alguno puede ser superado por las razones de "orden público" invocadas". El tribunal fue explícito al expresar: "Cabe rechazar el agravio por el que se cuestiona lo resuelto en el fallo apelado con relación al particular trámite seguido en este proceso de ampliación de extradición, en atención a que el planteo resulta insustancial frente a lo resuelto por el Tribunal" en otros precedentes.

La Procuración General de la Nación, actuando en representación del Estado requirente, respaldó la solicitud de ampliación. La decisión fue adoptada por el tribunal cimero sin disidencias expresas.

Con esta resolución, el máximo tribunal consideró que los cuestionamientos formulados por la defensa no lograban conmover la decisión de primera instancia ni se inscribían dentro de los parámetros de su propia jurisprudencia que habilitarían a revisar el trámite de ampliación de extradición.