Nacional
Córdoba aprueba por unanimidad la "Ley Joaquín" de protección a víctimas de delitos
La Legislatura provincial reformó el Código Procesal Penal para garantizar derechos a las víctimas desde el primer contacto con la autoridad, incluyendo el rol de querellante ante imputados inimputables.

La Legislatura de Córdoba sancionó por unanimidad la denominada "Ley Joaquín", un régimen provincial de protección a víctimas de delitos que introduce modificaciones al Código Procesal Penal local y reconoce derechos exigibles desde el momento inicial del contacto con la autoridad pública.
La norma lleva el nombre de Joaquín Sperani, joven cuyo asesinato ocurrido el 29 de junio de 2023 en la ciudad de Laboulaye impulsó el reclamo que dio origen al proyecto legislativo. La iniciativa cobró fuerza en los años subsiguientes y culminó con su aprobación durante la 8ª sesión ordinaria de la cámara, presidida por la vicegobernadora Myrian Prunotto.
Entre las reformas centrales que introduce la ley se destaca la ampliación del rol procesal de la víctima y sus familiares. La figura del querellante les permitirá proponer medidas de prueba, apelar decisiones judiciales y ejercer un control más directo sobre la investigación a cargo del Ministerio Público Fiscal. La norma contempla, además, la posibilidad de que familiares de víctimas de delitos cometidos por menores inimputables puedan constituirse como querellantes en el proceso penal, una previsión que amplía el acceso a la justicia en supuestos que históricamente presentaban restricciones para la participación activa de los damnificados.
El texto final fue producto del trabajo conjunto de las comisiones de Seguridad y de Legislación General de la Legislatura, con la participación de los legisladores Oscar Agost Carreño, Karina Bruno, Alejandra Ferrero, Julieta Rinaldi y Gregorio Hernández, entre otros. La sesión unificó proyectos provenientes tanto del Poder Ejecutivo provincial como de bloques de la oposición, lo que explica el resultado por unanimidad.
La sanción de la "Ley Joaquín" se inscribe en un debate más amplio sobre el lugar que las víctimas y sus familias ocupan en el proceso penal argentino, y representa un avance en la consolidación de sus derechos procesales en el ámbito provincial cordobés.
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