CGT rechaza reglamentación de reforma laboral que avanza sobre libertad sindical

La Central General de Trabajadores (CGT) rechazó públicamente el contenido del decreto reglamentario 407/2026 de la reforma laboral, publicado el lunes en el Boletín Oficial, argumentando que contiene disposiciones que avanzan sobre derechos sindicales reconocidos por la Constitución Nacional y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En un comunicado de prensa difundido un día después de la oficialización del decreto, la entidad gremial calificó las medidas como "una inaceptable intromisión en la vida interna de las organizaciones gremiales". Según la CGT, varias disposiciones del decreto 'afectan principios esenciales reconocidos por nuestra Constitución Nacional y por los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo'.

La central obrera enfatizó que 'resulta inadmisible que el Gobierno pretenda implementar una normativa en la cual buena parte de sus disposiciones se encuentran cuestionadas judicialmente y sometidas a debate respecto de su constitucionalidad'. Esta posición adquiere particular relevancia considerando que la Ley 27.802 de reforma laboral aún se tramita en la Justicia con impugnaciones pendientes.

El rechazo de la CGT marca un nuevo punto de fricción entre el Poder Ejecutivo y la principal organización sindical del país, luego de los enfrentamientos previos en torno a la sanción de la ley de modernización laboral. El decreto reglamentario, destinado a implementar operativamente las disposiciones de la reforma, incluiría artículos específicos que la central gremial considera que van más allá de lo legislado, alterando el equilibrio entre capital y trabajo en cuestiones sindicales fundamentales.

La disputa jurídica se suma a la batalla política: mientras el Gobierno sostiene que las medidas son necesarias para modernizar el mercado laboral argentino, los sindicatos advierten sobre la vulneración de derechos colectivos consolidados en el ordenamiento constitucional. El litigio en la Justicia sobre la constitucionalidad de la ley matriz aún no se ha resuelto, lo que genera incertidumbre sobre la viabilidad de su reglamentación.