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Nacional

CGT advierte sobre conflictos judiciales por reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral

El abogado laboralista Gustavo Ciampa señaló que el nuevo mecanismo de indemnizaciones, que entrará en vigencia en noviembre, podría afectar a jubilados y pensionados al financiarse con contribuciones previsionales.

Por Redacción·02 de junio de 2026
Workers in safety gear at a construction site with a focus on rebar grids.
Imagen referencial

La reglamentación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional ha despertado preocupaciones en la Central General de los Trabajadores (CGT) respecto del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el nuevo esquema de indemnizaciones que comenzará a regir en noviembre próximo.

En declaraciones realizadas a un medio de comunicación, Gustavo Ciampa, abogado laboralista y representante gremial de la CGT, anticipó la posibilidad de conflictos judicales derivados de la implementación del FAL. El especialista cuestionó especialmente el origen de los fondos que financiarán el nuevo sistema: parte de las contribuciones patronales que actualmente se destinan al pago de jubilaciones y pensiones serán redirigidas hacia la cobertura de indemnizaciones por despido.

"Le sacan parte de los recursos que van destinados al pago de jubilaciones y pensiones para subsidiar a las empresas que despidan sin causa personal", sostuvo Ciampa, enfatizando que este mecanismo traslada la responsabilidad del empleador hacia los trabajadores jubilados y pensionados.

El representante gremial también alertó sobre la participación de fondos privados en la administración del sistema, una característica que genera reservas en materia de transparencia y control. Paralelamente, Ciampa subrayó el marco constitucional que protege contra el despido arbitrario, recordando que la indemnización cumple una función tanto reparadora como disuasiva de conductas abusivas.

La tensión que identifica la CGT radica en que, bajo el nuevo régimen, la indemnización dejaría de ser un costo asumido por la empresa incumplidora para convertirse en una obligación financiada por el sistema previsional. Esto podría vulnerar principios de equidad y justicia contractual, según la perspectiva gremial.

Estas advertencias se suman a otros cuestionamientos que han surgido desde diversos sectores respecto de la reforma laboral, particularmente en torno a cómo se financiarán las nuevas prestaciones y cuáles serán las garantías de solvencia del FAL.

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