Cámara Civil revoca prescripción en demanda contra tabacalera por daño a la salud

La Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó una sentencia de primera instancia que había rechazado por prescripción una demanda iniciada por un fumador contra la empresa tabacalera Massalin Particulares por daños derivados de afecciones cardiovasculares y pulmonares.

El demandante había sostenido haber fumado durante más de cincuenta años y atribuyó a ese consumo un cuadro coronario agudo que sufrió en noviembre de 2012. Tras su fallecimiento en 2021, sus herederas continuaron el proceso en primera instancia, donde la acción fue desestimada por considerarse extinguida. Al apelar, la Cámara Civil revirtió esa decisión.

El tribunal subrayó que el plazo de prescripción no puede comenzar a correr desde la mera existencia de factores de riesgo o afecciones previas, sino desde la consolidación de un daño cierto y concreto. En este sentido, sostuvo que el conocimiento general de que "fumar es perjudicial para la salud" no permite presumir que el consumidor conozca una enfermedad específica ni los daños concretos que el hábito le ocasionará. Por ello, fijó como punto de partida del cómputo el episodio cardiovascular del 16 de noviembre de 2012.

Al analizar el fondo, la Sala B destacó la pericia médica que vinculó el tabaquismo con la patología cardíaca y pulmonar padecida por el demandante. Si bien reconoció el carácter multicausal de las enfermedades, señaló que el consumo de tabaco apareció como uno de los factores fundamentales en su desarrollo. Respecto de la defensa basada en la decisión voluntaria de fumar, los jueces consideraron relevante la existencia de una adicción prolongada y la falta de información suficiente sobre el poder adictivo de la nicotina, aspectos que afectaron la libertad de decisión del consumidor.

Según el voto mayoritario, la demandada "no se alcanzó a desvirtuar la presunción de responsabilidad" por los daños atribuibles al tabaquismo, que queda establecida por el incumplimiento de su deber de informar adecuadamente sobre los riesgos del consumo, derivado de su "deber genérico de implementar con la máxima diligencia posible todas las medidas tendientes a prevenir el daño".

La sentencia ordenó reconocer una indemnización millonaria por incapacidad sobreviniente, tratamiento psicoterapéutico, gastos de farmacia, estudios médicos, material quirúrgico, asistencia médica y traslados, además de daño moral y daño punitivo.