Squella propone privatizar Codelco y Gobierno descarta: debate divide a la derecha

El presidente del Partido Republicano, senador Arturo Squella, planteó la necesidad de privatizar la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) —totalmente estatal— como una vía para inyectar "oxígeno privado" a la empresa, en medio de su delicada situación financiera. El gobierno, sin embargo, descartó avanzar en esa línea.

La deuda de la cuprífera ronda los US$ 25.000 millones, según el presidente del directorio, Bernardo Fontaine, quien la semana pasada señaló que los costos y gastos crecieron un 43% en los últimos cuatro años y que la compañía "requiere entonces un cambio estructural".

"Lo que debiera venir ahora es la privatización de Codelco o al menos de parte de su propiedad para que le entre oxígeno privado a esa empresa", indicó Squella, quien argumentó que con parte del capital en manos privadas los resultados serían "sin duda más convenientes". Propuso vender filiales o divisiones sin perder el control, e incorporar directores que "no respondan a los gobiernos de turno y que velen por la eficiencia y rentabilidad".

Desde el Ejecutivo, el biministro Daniel Mas afirmó que "no estamos por privatizar" y que el foco debe estar en la eficiencia y en la venta de activos prescindibles de sus filiales. Por su parte, el Presidente José Antonio Kast había dicho previamente que primero hay que "hacer que a la empresa le vaya bien y después abrir el debate".

La propuesta abrió divisiones en la derecha. En la UDI se comparte la idea pero se advierte su impopularidad; la secretaria general de RN, Katherine Martorell, sostuvo que "hoy día la prioridad del gobierno debe estar en la agenda social". El libertario Johannes Kaiser condicionó cualquier venta a un ajuste previo de la empresa, defendiendo una "venta de acciones minoritaria pero con derecho a control".

Bajo la actual legislación, Codelco es una empresa cien por ciento propiedad del Estado, creada por el Decreto Ley N° 1.350 y regulada por su ley orgánica. Cualquier modificación en su estructura propietaria requeriría una reforma legal cuyo respaldo político no parece existir en el corto plazo.

Pese al rechazo oficial, Squella insistió en que una privatización parcial permitiría recaudar recursos para financiar el programa de gobierno sin postergar las iniciativas sociales, y que "no es necesario desprenderse del control" para mejorar el rendimiento.