Preocupa incumplimiento en financiamiento de FF.AA. tras reforma a Ley del Cobre

La implementación del nuevo sistema de recursos para las Fuerzas Armadas, derivado de la derogación de la Ley del Cobre, enfrenta cuestionamientos. En una carta al director divulgada esta semana, se alertó que "el nuevo esquema de financiamiento, tal como muchos lo predijimos, no se ha cumplido en absoluto poniendo en grave riesgo nuestra capacidad disuasiva".

La Ley del Cobre —promulgada en 1958 y perfeccionada en 1973— asignaba un 10 % de las ventas de la estatal Codelco a las ramas castrenses, garantizando con ello un flujo estable de fondos para la compra de material bélico y la mantención de la defensa. En 2021, el Congreso aprobó su reemplazo por un mecanismo de presupuestos plurianuales, amparado en la idea de darle mayor flexibilidad y control civil a ese gasto. La nueva fórmula estableció que los recursos para defensa se consignarían en una ley de financiamiento de mediano plazo, cuyo incumplimiento es justamente lo que denuncian los críticos.

"El nuevo esquema no ha sido respetado ni en sus montos ni en los plazos comprometidos", agregó la misiva, que también vincula el déficit con un debilitamiento de la credibilidad estratégica del país.

En paralelo, el gobierno ha debido enfrentar el debate de otras normas calificadas como populistas —entre ellas la prohibición del anatocismo y el derecho al olvido financiero—, a las cuales se anunció veto presidencial. La carta precisa que ese mismo prisma de análisis debe aplicarse a la reforma castrense, cuyo mal diseño estaría cobrando factura en el plano disuasivo.

Expertos en seguridad han reiterado el diagnóstico: si el financiamiento no se concreta, los programas de adquisición de capacidades críticas —como aeronaves, sistemas navales y ciberseguridad— se postergan, afectando las obligaciones internacionales de defensa y los compromisos con los organismos multilaterales de la región.