Gobernador de Oruro plantea militarizar zonas ante juqueo en Huanuni

La Empresa Minera Huanuni estimó que las pérdidas ocasionadas por el juqueo superan el millón de dólares, considerando los ilícitos registrados durante 2024 y 2025. El subgerente de la estatal, Miguel Aguirre, vinculó el repunte de esta actividad al incremento del precio internacional del estaño.

Aguirre explicó que estos grupos ilegales operan con división de tareas: unos acceden a la mina y otros vigilan; cuando son sorprendidos, usan explosivos y armas de fuego, y luego trasladan el mineral a intermediarios y comercializadoras. El directivo solicitó "aumentar en número la policía como también en el Ejército" para frenar el ingreso a los socavones. Actualmente la zona cuenta con 150 efectivos militares y aproximadamente 50 policías.

El gobernador de Oruro, Edgar Sánchez, informó que coordina con el Gobierno nacional para fortalecer la seguridad en el distrito minero. La autoridad departamental propuso declarar "zonas restringidas" y militarizar los puntos críticos donde prolifera el juqueo. Además, reclamó investigar toda la cadena de comercialización del estaño, desde los intermediarios hasta las empresas que adquieren el mineral de origen ilegal. Aguirre coincidió en que debe indagarse a esas comercializadoras y los mecanismos que permiten su circulación.

Las declaraciones se produjeron tras el operativo de control realizado en el centro minero de Huanuni, donde fallecieron dos militares y un trabajador de seguridad. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, calificó el hecho como un "lamentable accidente" y detalló que entre 50 y 80 personas intentaron ingresar al yacimiento. Las víctimas murieron al caer a una boca mina durante el repliegue de los uniformados, a causa de un deslizamiento. Las investigaciones continúan.

En el plano normativo, la Ley N° 535 de Minería y Metalurgia sanciona la explotación ilegal de recursos mineralógicos, mientras que el Código Penal boliviano reprime la comercialización de mineral obtenido ilícitamente. Por otro lado, el Órgano Ejecutivo está facultado para adoptar medidas de seguridad extraordinarias, como la declaratoria de zonas restringidas y la militarización temporal, cuando se configuren amenazas al orden público y a la actividad productiva legal.