EE.UU. avanza hacia regulación federal de modelos de IA de frontera

El Congreso de Estados Unidos avanzan en la consolidación de un marco regulatorio federal para inteligencia artificial de frontera, tras la presentación de un proyecto de ley bipartidista conocido como la "Great American AI Act of 2026", promovido por los representantes Jay Obernolte (republicano, California) y Lori Trahan (demócrata, Massachusetts).

El proyecto de ley llega en un contexto de creciente actividad legislativa en materia de regulación de sistemas de IA. Previo a su presentación, se conoció de una norma de seguridad en modelos de frontera sancionada en Illinois y una orden ejecutiva de la Casa Blanca sobre ciberseguridad en IA. El proyecto propuesto es amplio en su alcance, abarcando desde desarrollo de la fuerza laboral e alfabetización en IA hasta ciberseguridad y estándares internacionales.

Para los desarrolladores y operadores de sistemas de IA, las disposiciones más relevantes son aquellas enfocadas en la regulación de modelos de frontera. El proyecto establecería requisitos de transparencia en inteligencia artificial de frontera, notificación obligatoria de incidentes críticos de seguridad, protecciones para denunciantes empleados y creación de organizaciones independientes de verificación. Asimismo, incluiría una cláusula de preempeción estatal de tres años que restringiría leyes estatales que específicamente regulen el desarrollo de modelos de IA.

Esta propuesta marca un contraste significativo respecto de iniciativas anteriores. En julio de 2025, el Senado rechazó con votación de 99 a 1 una moratoria de diez años sobre regulación estatal de IA que había sido incluida en un proyecto de reconciliación presupuestaria. El nuevo proyecto opta por una preempeción más acotada, limitada a leyes que específicamente regulen el desarrollo de modelos de IA, dejando sin afectar leyes de aplicación general y aquellas que gobiernen actividades posteriores a la implementación, como la distribución y uso de sistemas de IA.

En términos regulatorios, el proyecto retoma elementos de normativas estatales recientes, particularmente de California (SB 53), Nueva York (RAISE Act) e Illinois (SB 315). Entre los ajustes introducidos a nivel federal figuran un umbral de ingresos brutos de 50 millones de dólares para calificar como "desarrollador de frontera", una definición más amplia de "incidente crítico de seguridad" que no requiere daño actual, y un sistema de enforcement federal con multas de hasta un millón de dólares por día.

Una característica destacada del proyecto es la centralidad asignada a organizaciones independientes de verificación (IVO, por sus siglas en inglés). Los grandes desarrolladores de frontera deberían contratar a auditores independientes licenciados para verificar cumplimiento normativo cada seis meses. Esta disposición refleja una tendencia más amplia hacia la evaluación independiente de modelos de frontera como punto medio entre la autoevaluación de empresas y la revisión gubernamental directa.

Los patrocinadores del proyecto lo han presentado como un punto de partida para un "conversación nacional seria", subrayando que "una política para una tecnología tan transformativa solo puede construirse para perdurar si es escrita por ambos partidos". Sin embargo, su avance legislativo permanece incierto, especialmente dada la sensibilidad política alrededor de la preempeción estatal y la amplitud de cuestiones abordadas.