Europa sienta criterios para proteger datos en sistemas blockchain

El Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) aprobó en su reunión de julio las Directrices sobre el tratamiento de datos personales mediante tecnologías blockchain, un documento que busca resolver la tensión entre la arquitectura distribuida e inmutable de estos sistemas y los derechos de privacidad establecidos por la normativa de protección de datos.

La tecnología blockchain funciona como un libro de contabilidad digital replicado en múltiples ubicaciones, donde los datos se enlazan de forma criptográfica para impedir que la información validada pueda alterarse o borrarse. Esta característica de inmutabilidad garantiza la integridad del sistema, pero genera un conflicto directo con elementos fundamentales de la protección de datos, como la limitación del plazo de conservación y el derecho al olvido (derecho de supresión).

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) fue la ponente principal en la fase previa al lanzamiento de estas directrices. El documento registró un nivel de interés sin precedentes durante la consulta pública: se convirtió en el documento del CEPD que mayor número de contribuciones recibió de expertos y organizaciones, lo que refleja la urgencia de establecer criterios claros en un ámbito tecnológico caracterizado por su complejidad y naturaleza distribuida.

Las directrices aprobadas aportan criterios específicos para resolver la colisión entre inmutabilidad y privacidad, aunque el material disponible no detalla el contenido completo de esos criterios. El documento referencia la Prueba de concepto sobre blockchain y el derecho de supresión publicada por la AEPD, que explora soluciones técnicas para compatibilizar ambos aspectos.

Con esta aprobación, la Unión Europea reafirma que el desarrollo tecnológico e innovación no pueden reducir los derechos fundamentales de la ciudadanía. El enfoque de las directrices sostiene que la arquitectura blockchain puede ser compatible con la protección de datos si se planifica bajo un modelo de gobernanza transparente, responsable y orientado a salvaguardar la privacidad de las personas.

El documento proporciona seguridad jurídica a un entorno caracterizado hasta ahora por incertidumbre regulatoria sobre cómo proteger la privacidad en sistemas descentralizados.