Exgerente de Codelco demanda $1.400 millones por despido que atribuye a presiones directivas

Un exgerente de la corporación estatal Codelco interpuso demanda de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales en contra de la cuprífera, reclamando $1.440.916.814 en concepto de remuneraciones no pagadas, indemnización por años de servicio y daño moral por un despido que considera injustificado.

El demandante fue desvinculado el 20 de mayo de 2026, después de 20 años de permanencia en la empresa, acusado por Codelco de ser responsable de la inclusión irregular de aproximadamente 20 mil toneladas de óxidos de cobre de la división Chuquicamata en la producción final de la corporación. Además, según una auditoría interna, se habrían agregado 6.875 toneladas de arsenito de calcio de la división Ministro Hales. Estos agregados habrían inflado artificialmente las cifras de producción de 2025 a 1.334.445 toneladas, cuando la producción real fue de 1.307.570 toneladas. El hallazgo fue denunciado anónimamente y confirmado mediante una auditoría interna de la empresa.

En su demanda, el exgerente rechaza todas las imputaciones de Codelco y sostiene que sus acciones fueron regulares y ejecutadas con conocimiento de sus superiores jerárquicos, incluidos el expresidente del directorio Máximo Pacheco y el expresidente ejecutivo Rubén Alvarado. Según su defensa, el exgerente fue sometido a presiones extremas para cumplir metas de producción que superaran las cifras de 2024.

La acción legal refiere que el 31 de diciembre de 2025, el presidente ejecutivo Rubén Alvarado lo citó personalmente en su oficina para impartirle una instrucción directa respecto al cumplimiento de objetivos de producción, ejerciendo lo que la demanda describe como coerción intolerable. El demandante sostiene que la inclusión de óxidos y polvos de Montecristo (arsenito de calcio) respondió a una directiva corporativa conocida como "operación rastrillo", cuyo objetivo era maximizar cifras de fin de año sin importar pérdidas económicas, y que contaba con respaldo de vicepresidentes y fue reportada al presidente ejecutivo.

Asimismo, cuestiona la auditoría interna argumentando que incurrió en error normativo: utilizó normativas desactualizadas (Instructivo Financiero Corporativo de 2013 en lugar del de 2022, y Norma Corporativa de 1992 en lugar de la vigente de 2022) para imputar incumplimientos y justificar el despido.

La demanda, presentada ante el 2° Juzgado del Trabajo de Santiago el 6 de julio de 2026, solicita como pretensión principal la reincorporación inmediata en su cargo con igual salario y restitución de lo correspondiente a los meses fuera de funciones. Su remuneración al despido alcanzaba $24.248.579 mensuales. El reclamo económico detalla indemnización por años de servicio ($267.105.443), feriado legal no devengado ($89.002.771), incentivo anual retenido ($132.393.784), incentivo a la permanencia ($145.693.878), corrección de bono 2025 ($6.720.938) e indemnización por daño moral ($800 millones). La primera audiencia preparatoria está citada para el 26 de mayo de 2027.