Condenas y REINFO: el perfil de los candidatos en la provincia minera de Pataz

La provincia de Pataz, en La Libertad, enfrenta elecciones municipales con un denominador común: candidatos que arrastran condenas penales o que figuran en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), instrumento diseñado originalmente para regular la pequeña minería y que hoy, según especialistas, opera como un paraguas de informalidad.

En el distrito de Pataz solo compiten dos postulantes, ambos con vínculos con la minería informal. En Huaylillas, Víctor Robles Acuña —técnico minero habilitado en el REINFO— fue denunciado en 2019 por agresión, mientras que su contendor, Fernando Morales Chinchay, cumplió una condena de diez años por robo agravado y registra una denuncia por violencia y resistencia a la autoridad. "Hay una oportunidad de reincorporarnos", declaró Morales Chinchay.

En Ongón, Crispen Medina Agüero fue detenido en 2023 por presunta violencia familiar —se le atribuye haber agredido a su nieta— y, dos meses después, por lesiones a una pasajera mientras conducía. Linder López Vásquez, su rival, presentó ante el JNE una sentencia por abuso de autoridad y otra por incumplimiento de obligación alimentaria; además, fue denunciado por abandono de hogar.

En Parcoy, Víctor Nunura Castañeda es gerente general de una empresa minera inscrita en el REINFO y registra una sentencia de tipo contractual. Su competidor, Walter Trujillo Paz, se dedicaba a la venta y extracción de minerales; fue intervenido en 2019 por portar un arma de fuego mientras conducía en presunto estado de ebriedad. La familia de un joven asesinado en 2017 señaló a Trujillo y a su hermano como autores intelectuales del crimen, aunque la Fiscalía sobreseyó el caso por falta de pruebas. Tres hermanos del candidato fueron capturados como presuntos integrantes de la organización criminal "Los Topos del Frío", dedicada a la minería ilegal y al lavado de oro, proceso en el que también está involucrado el exconductor Andrés Hurtado alias "Chibolín". A los hermanos se les dictó prisión preventiva en 2020.

En Buldibuyo, Juan Cueva Araujo declara en su hoja de vida la venta de metales y la explotación minera, sin estudios técnicos. Posee vehículos valorizados en más de 400 mil soles y tiene transferencias pendientes. Su primer regidor, Wudilfredo Ponte Zevallos, cuenta con una sentencia por agresión contra las mujeres.

La Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, impide postular a quienes hayan sido condenados por delito doloso. Pese a ello, el JNE enfrenta dificultades para impedir estas candidaturas cuando las sentencias no son declaradas de manera completa o las penas ya fueron cumplidas.

Para el analista Iván Arenas, "el sistema de REINFO es un sistema informal. De tal manera que no existen derechos laborales […] y, tarde o temprano, cuando estos representantes de la economía informal toman asuntos del Estado, este va a contaminarse de ilegalidad o de informalidad". El 4 de octubre, los electores definirán si estas candidaturas llegan al gobierno local en una provincia asediada por la minería ilegal.