ONU alerta que minas antipersonal siguen mutilando civiles y llama a respetar el tratado de prohibición

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicó un informe en el que insta a los Estados a respetar el derecho internacional que limita el uso de minas antipersonal, artefactos que continúan matando y mutilando a la población civil mucho tiempo después de finalizados los conflictos.

El documento revela que al menos 58 Estados y territorios continúan contaminados con estas armas, diseñadas para detonar al contacto con una persona. Millones de ellas permanecen aún en arsenales nacionales.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó como "profundamente preocupante que, casi 30 años después de la adopción de la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal, estas armas explosivas sigan matando e hiriendo a personas, a menudo décadas después de haber sido colocadas".

El informe detalla el impacto devastador en los derechos humanos. Durante 2024, al menos 1.945 personas fallecieron y 4.325 resultaron heridas por minas terrestres y restos explosivos de guerra, registrándose las mayores tasas de víctimas en Myanmar, Siria, Afganistán y Ucrania. Los civiles representan aproximadamente el 90% de todas las bajas documentadas, mientras que los niños constituyen más del 40% de las víctimas civiles desde 1999.

Las lesiones incluyen amputaciones de extremidades, daños oculares y pérdida de audición. El informe subraya que los niños sufren un trauma físico más severo y mayores tasas de mortalidad que los adultos, disminuyendo la probabilidad de supervivencia cuanto menor es la edad.

Más allá del daño físico directo, la contaminación convierte zonas enteras en áreas vedadas, impidiendo el acceso a servicios esenciales, bloqueando la asistencia humanitaria y forzando el desplazamiento de comunidades. La presencia de minas en tierras agrícolas contribuye a la inseguridad alimentaria y obstaculiza el desarrollo económico y la reconstrucción posconflicto durante décadas.

En el plano normativo, la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal —conocida como Tratado de Ottawa y abierta a la firma en 1997— constituye el principal instrumento de derecho internacional humanitario que prohíbe de manera integral el empleo, almacenamiento, producción y transferencia de estas armas. Actualmente cuenta con 162 Estados parte, aunque el informe advierte que varias potencias y miembros permanentes del Consejo de Seguridad no lo han ratificado.

La ACNUDH observó con preocupación la reciente retirada de cinco Estados —Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania y Polonia—, así como la indicación de Ucrania de suspender su implementación. En contraste, Türk elogió la reciente decisión de Líbano de adherirse al tratado pese a enfrentar graves amenazas de seguridad.

"Los Estados que aún no han ratificado el tratado deben hacerlo de inmediato, y aquellos que se han retirado deben reincorporarse rápidamente", declaró el Alto Comisionado, añadiendo que los Estados parte deben respetar sus disposiciones de buena fe.

El informe será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.