Canadá amplía requisitos de transparencia para mineras sobre impactos ambientales y de derechos humanos

La Corte Suprema de Justicia de Canadá resolvió en el caso Lundin Mining Corp vs. Markowich que las empresas cotizadas están obligadas a divulgar de manera oportuna todos los cambios materiales significativos en sus operaciones, incluso aquellos considerados marginales, estableciendo un estándar más amplio de transparencia corporativa con potencial impacto en la regulación de divulgaciones sobre derechos humanos y ambiente.

El caso se originó en octubre de 2017, cuando Lundin Mining, empresa canadiense con operaciones en el complejo minero de cobre La Candelaria en la región de Atacama, Chile, detectó inestabilidad en la pared de su mina a cielo abierto. Tras un deslizamiento de rocas que redujo la producción, la empresa informó a los inversionistas únicamente en noviembre de 2017 durante una sesión de presentación programada con anticipación, estimando una caída del 20% en la producción de cobre. Al día siguiente del anuncio, el precio de las acciones cayó un 16%.

La Corte Suprema de Canadá debió determinar si Lundin estaba obligada a divulgar inmediatamente esta información. El tribunal aclaró que la evaluación de cambios materiales significativos requiere un análisis de dos pasos: primero, examinar todos los cambios en el negocio, operaciones o capital de la empresa; segundo, determinar su importancia desde la perspectiva de un inversionista razonable, sin que importe si el cambio es de alcance limitado o derivado de decisiones de la alta dirección.

La decisión amplía el concepto de "cambio material" al definir negocio, operaciones y capital como categorías amplias y flexibles, interpretadas según el propósito legislativo de informar a los inversionistas sobre información que solo la empresa posee. El tribunal excluyó del deber de divulgación cambios rutinarios o previsibles, condiciones externas como climáticas o políticas, y meras deliberaciones internas sobre fusiones u oportunidades de negocios.

Aunque la sentencia podría facilitar una mayor divulgación sobre impactos ambientales y de derechos humanos, la Corte no abordó específicamente obligaciones de transparencia en esas materias ni aplicó estándares internacionales como los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos o las Directrices de la OCDE para empresas multinacionales. Expertos señalan que Canadá perdió la oportunidad de alinear su regulación de valores con compromisos internacionales de debida diligencia en derechos humanos y ambiente.