Comunidad de El Molle impugna proyecto minero Arqueros ante Tribunal Ambiental

La Junta de Vecinos de El Molle expuso ante el Primer Tribunal Ambiental sus reparos frente a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del Proyecto Minero Arqueros, luego de que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) rechazara su recurso de reposición y confirmara la inadmisibilidad de la solicitud de invalidación presentada por la comunidad.

El proyecto Arqueros contempla la explotación y tratamiento de mineral de cobre, mediante una mina subterránea, una planta concentradora, un depósito de relaves y diversas obras complementarias, entre ellas un sistema de impulsión de agua, líneas de transmisión eléctrica, subestaciones y caminos. Abarca las comunas de Vicuña, La Serena y Coquimbo, con una inversión estimada de 200 millones de dólares y una vida útil de 21 años.

La Junta de Vecinos sostiene que la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Coquimbo, que declaró inadmisible la solicitud por haber sido presentada a 23 días del vencimiento del plazo de dos años, es contraria a derecho, pues no se habría justificado adecuadamente la ubicación de la línea de transmisión asociada al proyecto.

Los vecinos manifestaron que la RCA no evaluó de forma suficiente los criterios técnicos, económicos y ambientales, especialmente en relación con los impactos de la línea de Alta Tensión, la cual —según afirman— afecta directamente cementerios indígenas diaguitas que constituyen componentes de espiritualidad y servicios ecosistémicos del sector. Agregan que estas afectaciones fueron acreditadas mediante informes antropológicos y arqueológicos que no habrían sido debidamente considerados en el proceso administrativo.

En su presentación recalcan que la comunidad no se opone al proyecto minero en su conjunto, sino únicamente al trazado de la línea de transmisión que, a su juicio, genera impactos significativos en el paisaje y en áreas de valor cultural. Añaden que se ignoraron afectaciones graves sin establecer medidas de resguardo para la identidad y espiritualidad del territorio, lo que dejó a los habitantes en situación de indefensión al no acogerse la invalidación pese a los vicios esenciales denunciados.

El SEA afirmó que tanto la inadmisibilidad de la invalidación como la evaluación ambiental se ajustaron plenamente a derecho. Argumentó que, al ser ingresada la solicitud a solo 23 días del plazo legal, era materialmente imposible resolverla dentro del término, ya que la potestad invalidatoria posee un límite improrrogable de dos años desde la publicación o notificación del acto administrativo.

Asimismo, el servicio sostuvo que la Junta de Vecinos introdujo en sede judicial argumentos que no fueron planteados durante la vía administrativa, como la alegación sobre la afectación al cementerio indígena o la apertura de un segundo proceso de participación ciudadana. Añadió que el proyecto contó con más de 40 pronunciamientos de servicios públicos, medidas de mitigación y compensación, y la recomendación favorable de aprobación tras ser enriquecido con observaciones técnicas y ciudadanas. En cuanto al impacto paisajístico, señaló que este sería marginal y puntual, y que incluso existe un compromiso ambiental voluntario para pintar las torres más visibles desde la Ruta CH-41.

La Compañía Minera Arqueros enfatizó que la línea de transmisión ha sido central en el debate, pero precisó que su construcción presenta un 80% de avance, con las torres y obras complementarias ya instaladas. Según afirmó, los habitantes de El Molle “simplemente no tienen opción de observar estas torres desde el lugar donde viven”.

La Compañía destacó el vínculo positivo de la empresa con la comunidad, describiéndola como “una empresa ejemplar” que ha desarrollado campañas de tránsito vial y actividades educativas. Sobre la supuesta presencia de cementerios indígenas bajo las torres, descartó la existencia de constancias que lo acrediten y citó información del Ministerio de Obras Públicas que ubicaría dichos cementerios en un lugar distinto.

El Primer Tribunal Ambiental deberá resolver si acoge o rechaza la reclamación de la Junta de Vecinos, determinación que podría incidir en la continuidad y condiciones de ejecución del proyecto.