Contraloría revierte objeción y valida uso municipal de inmueble financiado con fondos regionales

La Contraloría General de la República acogió el recurso de reposición interpuesto por la Municipalidad de Navidad en contra de un oficio de la Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O’Higgins, dejando sin efecto dicho pronunciamiento en lo pertinente, tras concluir que la entidad edilicia actuó conforme a derecho en la destinación de un inmueble financiado con recursos públicos.

El oficio impugnado se originó en una denuncia relativa a la inversión de recursos en un inmueble municipal destinado inicialmente a la habilitación de un centro gastronómico en beneficio de alumnos de un liceo de la comuna, pero que posteriormente fue utilizado como oficinas municipales, lo que en ese momento fue considerado improcedente por el órgano contralor.

En su presentación, la Municipalidad alegó, en primer término, que no fue emplazada ni requerida de informe respecto de la denuncia. Asimismo, señaló que el inmueble fue adquirido mediante contrato de compraventa suscrito con la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, y que hasta el año 2014 funcionó en él la Escuela de Matanzas, la cual cesó sus actividades tras perder su reconocimiento oficial por parte del Ministerio de Educación.

El municipio sostuvo que el bien raíz fue adquirido a título oneroso y sin condiciones, cargas o gravámenes que limitaran su uso, por lo que, tras el cierre del establecimiento educacional, se encontraba facultado para destinarlo a otras funciones propias de la gestión municipal.

En cuanto al cumplimiento del proyecto financiado con recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), el Gobierno Regional informó que el convenio de transferencia aprobado en 2018 fue ejecutado conforme a lo establecido, con una inversión cercana a los $94 millones, y que las obras fueron recibidas en 2020.

Respecto de la alegación sobre la falta de emplazamiento, la Contraloría descartó irregularidades, indicando que se realizaron gestiones para recabar antecedentes, dirigidas a funcionarios municipales, en conformidad con las facultades legales del órgano fiscalizador y bajo la modalidad de fiscalización aplicada en la especie.

En el análisis de fondo, el órgano contralor recordó que los recursos del FRIL deben destinarse a proyectos de inversión regional conforme a la normativa presupuestaria, en el marco del principio de legalidad del gasto, el cual exige que los fondos públicos se utilicen exclusivamente para los fines autorizados.

Sin embargo, también destacó que las municipalidades tienen atribuciones para administrar sus bienes y destinarlos al cumplimiento de sus funciones, pudiendo, en ciertos casos, asignarlos a fines distintos a los originalmente previstos, siempre que ello no afecte su finalidad principal ni contravenga el interés general.

En el caso concreto, la Contraloría constató que el inmueble fue adquirido por el municipio sin limitaciones de uso, que el establecimiento educacional dejó de funcionar en 2014 y que los recursos del FRIL fueron efectivamente utilizados para la habilitación y reacondicionamiento del recinto conforme al proyecto aprobado.

En este contexto, precisó que la determinación del uso posterior del inmueble corresponde al ámbito de las atribuciones del alcalde, en cuanto administrador de los bienes municipales, tratándose de una decisión de mérito propia de la gestión comunal.

En consecuencia, la Contraloría General resolvió acoger el recurso de reposición deducido por la Municipalidad de Navidad y dejar sin efecto, en lo pertinente, el oficio N°E572971, de 2024, validando la actuación del municipio en la materia.

Vea pronunciamiento de CGR.