Contraloría instruye a municipios adoptar medidas para prevenir abandono de animales durante desalojos de ocupaciones ilegales

La Contraloría General de la República, mediante el Dictamen N° E185802N25, de fecha 3 de noviembre de 2025, determinó que las municipalidades deben adoptar medidas adecuadas y oportunas para prevenir el abandono de animales en casos de desalojo de ocupaciones ilegales de inmuebles, conforme a las obligaciones establecidas en la Ley N° 21.020 sobre Tenencia Responsable de Mascotas y su reglamento.

El pronunciamiento se originó en una denuncia presentada por una ciudadana, quien acusó que las municipalidades de La Florida, Cerro Navia y Quinta Normal no habrían dado cumplimiento a los lineamientos técnicos emitidos por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) para la prevención del abandono de animales en procedimientos de desalojo. La denunciante agregó que dichas entidades tampoco habrían implementado el registro comunal de perros comunitarios y colonias de gatos previsto en el Decreto N° 1007, de 2018, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, lo que habría generado situaciones de maltrato o sacrificio de animales durante la ejecución de dichos operativos.

Al analizar el caso, la Contraloría recordó que, conforme al artículo 4°, letra b), de la Ley N° 18.695, las municipalidades pueden desarrollar funciones vinculadas a la salud pública y a la protección del medio ambiente dentro de su territorio, y que la Ley N° 21.020 dispone expresamente que estos organismos deben dictar ordenanzas sobre tenencia responsable de mascotas, fiscalizar su cumplimiento y evitar cualquier método de control que implique el sacrificio de animales. Asimismo, el Decreto N° 1007, de 2018, obliga a las municipalidades a coordinarse con las autoridades competentes antes de efectuar desalojos, a fin de reubicar a los animales de compañía y prevenir su abandono, debiendo contar con un registro actualizado de las zonas donde existan perros comunitarios o colonias felinas.

En este contexto, el órgano contralor indicó que las municipalidades están obligadas a implementar acciones preventivas, tales como catastros de animales en tomas o asentamientos irregulares, protocolos de coordinación interinstitucional y medidas de rescate o reubicación durante los desalojos.

El informe constató que la Municipalidad de La Florida no contaba con un registro de los animales presentes en la denominada “Toma Dignidad” al momento del desalojo, razón por la cual deberá adoptar las medidas necesarias para evitar que situaciones similares se repitan.

En cuanto a la “Toma 17 de mayo”, la Municipalidad de Cerro Navia señaló que no pudo levantar un catastro previo debido a la resistencia de los ocupantes, aunque posteriormente coordinó acciones de rescate con fundaciones protectoras. Por su parte, la Municipalidad de Quinta Normal informó que realizó un trabajo previo y simultáneo al desalojo del “Campamento Nueva Andrés Bello”, identificando aproximadamente 150 gatos y 40 perros en el lugar.

Finalmente, respecto de la denuncia sobre presuntas matanzas de animales, la Contraloría indicó que no existen antecedentes que respalden tales hechos ni evidencia de participación municipal, por lo que desestimó dicha alegación.

En consecuencia, la Contraloría concluyó que las municipalidades deben aplicar medidas preventivas y coordinadas para resguardar el bienestar animal durante los desalojos de ocupaciones ilegales, implementando registros y protocolos conforme a lo dispuesto en la Ley N° 21.020 y su reglamento.

Vea Dictamen N° E185802N25.