Contraloría General de la República
Apuestas millonarias en el Estado
Contraloría detecta que más de 900 funcionarios públicos apostaron en casinos pese a prohibición legal
Informe revela transacciones por casi $11.500 millones entre 2024 y 2025; antecedentes fueron remitidos a la fiscalía y a organismos para eventuales sanciones.

La Contraloría General de la República detectó que 910 funcionarios públicos y municipales realizaron apuestas en casinos de juego por un total cercano a los $11.500 millones, pese a tener prohibición legal de hacerlo.
El hallazgo corresponde a operaciones realizadas entre enero de 2024 y junio de 2025 por funcionarios pertenecientes a 371 entidades del Estado. De acuerdo con la normativa vigente, quienes administran o custodian fondos públicos no pueden participar en juegos de azar en casinos.
El informe advierte que 181 de estos funcionarios concentran casi el 97% del monto total apostado, con cifras que, en algunos casos, superan los $1.000 millones. Según el organismo fiscalizador, estas sumas no se condicen con el nivel de remuneraciones de los involucrados.
Para elaborar el reporte, la Contraloría cruzó información de funcionarios obligados a rendir caución con registros de clientes que realizaron operaciones en casinos, antecedentes proporcionados por la autoridad reguladora del sector. No obstante, se advirtieron posibles deficiencias en los datos entregados por algunos operadores.
El análisis también identifica que los mayores montos transados se concentran en funcionarios que desempeñan cargos directivos, fiscalizadores, profesionales y operativos en distintos organismos del Estado. En total, los 20 casos más altos superan los $5.300 millones.
A partir de estos antecedentes, la Contraloría informó que remitirá el listado de los funcionarios involucrados al organismo regulador de casinos para que inicie procesos de fiscalización y eventuales sanciones.
Asimismo, los antecedentes serán enviados a los servicios públicos y municipalidades correspondientes, con el fin de que se inicien procedimientos disciplinarios y se determinen posibles responsabilidades administrativas.
Además, el informe fue puesto en conocimiento del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado para que evalúen eventuales acciones en el ámbito de sus competencias.
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