Nacional
Tribunal Constitucional Plurinacional — Estados de Excepción
TCP resolverá admisibilidad de acciones contra Ley de Estados de Excepción
La Comisión de Admisión del TCP definirá en las próximas horas si acepta las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la norma promulgada por el presidente Rodrigo Paz, impulsadas por el Defensor del Pueblo y un legislador.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se apresta a resolver la admisibilidad de las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley N° 161/2025-2026, que regula los estados de excepción en Bolivia.
Según informó el decano del TCP, Edson Dávalos, la Comisión de Admisión de esa instancia definirá en las siguientes horas si admite o rechaza las demandas. La principal acción fue presentada por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, aunque existe también un recurso entregado por un legislador. Dávalos precisó que "solamente se ha recibido en el TCP acciones de inconstitucionalidad abstracta presentada por el Defensor y algún diputado. Cuestionan la constitucionalidad de algunos artículos de la Ley de Estados de Excepción".
El decano del TCP señaló que "mañana se va a hacer conocer si se ha cumplido con el tema de la legitimación pasiva", aunque enfatizó que en esta etapa solo se resolverá la admisibilidad sin entrar a analizar cuestiones de fondo. Dávalos recordó que conforme a la ley, la acción debe dirigirse contra el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Edmand Lara, por cuanto fueron las cámaras legislativas quienes aprobaron la norma cuestionada.
La Ley de Estados de Excepción fue promulgada el 8 de junio por el presidente Rodrigo Paz. En el acto de promulgación, Paz aseveró que su administración "gobernaremos hasta el 2030" y subrayó que mediante la ley el Gobierno podrá garantizar la seguridad de la población en casos de amenazas externas, conmociones internas o desastres naturales. La norma establece mecanismos para la conservación del orden público interno y la protección de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Estado.
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