Fiscalía investiga el reclutamiento de 16 bolivianos para la guerra en Ucrania

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Razón de Género, inició la investigación de tres denuncias por el presunto delito de trata de personas con fines de reclutamiento para conflictos bélicos. Se estima que al menos 16 ciudadanos bolivianos podrían haber sido víctimas de esta actividad ilícita.

La Fiscal Superior en Razón de Género, Alejandra Rocha Villarroel, informó que los tres procesos están abiertos en el departamento de Santa Cruz. "En uno de los casos se identificó a una víctima, en otro a seis y en el tercero a nueve posibles víctimas", detalló.

Ante la posible dimensión transnacional del caso, la Fiscalía activó mecanismos de cooperación internacional con autoridades de Perú, Colombia, Venezuela y Rusia. El objetivo es obtener información sobre el paradero de las personas presuntamente captadas, identificar a los responsables y establecer el modus operandi de la organización implicada.

La coordinación se canaliza a través de la Red Especializada en Trata y Tráfico de Personas (REDTRAM), que articula a los Ministerios Públicos de América Latina. En ese marco, se solicitaron informes a los países mencionados para conocer antecedentes y posibles acciones frente a hechos similares. "Estamos coordinando con países de la región para conocer si existen situaciones similares relacionadas con sus ciudadanos y determinar el patrón utilizado para la captación", explicó Rocha.

Como parte de las diligencias locales, el Ministerio Público emitió requerimientos de información y coordina acciones con la Policía Boliviana. En uno de los expedientes ya se habría identificado a una persona que presuntamente operaba como captador o intermediario en Santa Cruz. Además, personal policial realizó operativos de recopilación de información en la comunidad de Rincón de Palometas.

La Fiscalía también gestionó solicitudes de información ante la Embajada de Rusia en Bolivia y, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, busca datos sobre el destino y las condiciones de salida de los ciudadanos presuntamente trasladados fuera del país.

El delito de trata de personas está tipificado en el artículo 281 bis del Código Penal boliviano, que sanciona con privación de libertad a quien promueva, induzca o favorezca la entrada o salida de una persona del país para someterla a explotación, incluyendo el reclutamiento forzoso para conflictos armados. La investigación se encuentra en etapa preliminar y el Ministerio Público mantiene habilitados sus canales de atención para recibir nuevas denuncias.