Alemania debate si el gobierno federal puede prohibir expropiaciones de viviendas por los estados

La coalición gobernante alemana presentó a principios de julio un "Programa marco para recuperación y empleo" que incluye una propuesta de alcance constitucional: prohibir mediante ley federal que los estados alemanes (Länder) puedan expropiar empresas inmobiliarias privadas a través de leyes de socialización (Vergesellschaftungsgesetze).

La iniciativa responde al contexto berlinés, donde una coalición progresista estudia relanzar un proceso de expropiación de grandes tenedores de viviendas —aquellas con más de 3.000 unidades— después del referéndum de 2021 que respaldó la medida con el 57,6 % de los votos. Paralelamente, el estado de Baviera presentó ante el Consejo Federal alemán (Bundesrat) una moción para que una ley marco federal establezca que cualquier socialización de viviendas solo sea posible pagando el valor de mercado completo, como "garantía de inversión".

Sin embargo, según análisis jurídico-constitucional, ambas iniciativas enfrentan objeciones graves bajo el régimen de competencias legislativas alemán. La socialización de viviendas se encuentra explícitamente en el artículo 74, inciso 1, número 15 de la Ley Fundamental alemana, dentro de las "competencias concurrentes": el Bund (gobierno federal) puede legislar, pero los Länder conservan facultades mientras el Bund no haya regulado exhaustivamente la materia.

El problema constitucional es que un simple veto federal —prohibir que los Länder expropien sin que el Bund mismo dicte normas positivas sobre socialización— invierte la lógica de las competencias concurrentes. Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal alemán, es inconstitucional que una ley federal sirva únicamente para excluir al legislador estatal sin tener contenido normativo propio.

En cuanto a la propuesta bávara, aunque intenta fijar condiciones (pago del valor de mercado), la crítica se centra en que la competencia de socialización es "binaria": existe o no existe; no admite regulaciones "parciales" que de facto la cierren. Usar la competencia federal para moldear las condiciones de una medida que no se va a implementar federalmente también violaría la jurisprudencia de Karlsruhe.

La disputa refleja cómo tras la fallida batalla contra el Mietendeckel (control de alquileres) de Berlín —que el Tribunal Constitucional anuló en 2021—, los gobiernos conservadores buscan ahora bloquear la socialización en la arena de las competencias legislativas.