UIA propone subasta y límite de 700 MW para criptomineras

La Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA) presentó a las autoridades de la empresa estatal una propuesta que distingue a los grandes consumidores industriales y establece un cupo máximo de potencia para las actividades de criptominería, centros de datos e inteligencia artificial, consideradas "industrias convergentes".

Para este segmento, la UIA plantea limitar la contratación a 700 MW, aproximadamente el 10% de la capacidad instalada del país. La adjudicación de ese cupo se resolvería mediante una licitación de precio ascendente, con un piso de US$56 por MWh. Ese valor se compone de la tarifa técnica actual de US$44 y los US$12 que ANDE dejaría de percibir por cesión de energía a Brasil. "La intención es que la ANDE no pierda los ingresos por cesión y que quede un margen para un fondo de refuerzo de infraestructura", explicó el ingeniero Fernández, representante del gremio.

La UIA también propone que los contratos resultantes tengan una vigencia de entre 3 y 5 años, y que el nuevo esquema rija desde el 1 de enero de 2028, una vez vencidos los actuales acuerdos del Grupo de Consumo Intensivo Especial en diciembre de 2027. De ese modo se busca evitar eventuales controversias legales.

Como segundo grupo, la propuesta contempla a las industrias con procesos productivos reales y mayor encadenamiento —como el proyecto de hidrógeno verde de Atome—, para las cuales se crearía un pliego tarifario propio con tarifa técnica, sin los componentes sociales y políticos que inciden en la tarifa residencial.

Los ingenieros sustentan el tope en razones de seguridad operativa y económicas. Sostienen que una carga de 2.000 MW sobre un sistema de unos 5.000 MW sería disruptiva para la confiabilidad del suministro. Además, señalan que el elevado incremento de la demanda eléctrica —cerca del 50% en tres años— no se ha reflejado en un salto del PIB ni en una mejora de las finanzas de ANDE. "¿Para qué seguimos destinando el 25% de nuestra energía, y hasta sin límite, si no estás teniendo ningún beneficio país?", cuestionó Fernández.

La propuesta se enmarca en la normativa que rige la provisión de energía eléctrica en Paraguay (Ley N° 966/64 y sus reglamentos), y se suma al debate abierto tras la derogación de los decretos que otorgaban una tarifa fija a Atome. La UIA confirmó que la ANDE estaría elaborando su propia propuesta de modificación, y que el gremio hará público un informe ejecutivo. Asimismo, advirtió que la definición del Anexo C de Itaipú es una variable crítica, ya que si Paraguay debiera contratar energía adicional, los costos podrían dispararse.