Municipios mineros dejan sin ejecutar más de S/ 1,000 millones anuales en canon y regalías

Los municipios que concentran las mayores transferencias por canon, sobrecanon y regalías mineras del país presentan un patrón recurrente de subejecución presupuestaria. Entre 2023 y 2025, los 20 distritos con mayores ingresos por este concepto ejecutaron en promedio 63.7%, 71.5% y 74.8% respectivamente de los recursos asignados para proyectos de inversión pública, dejando sin uso anual más de S/ 1,000 millones.

En 2023, con S/ 3,883.3 millones disponibles, se devengó el 63.7%. En 2024, de S/ 3,827.6 millones se invirtió el 71.5%, y en 2025, de S/ 4,020.2 millones se gastó el 74.8%. Esta estructura implica que de cada S/ 100 asignados procedentes de canon y regalías mineras, aproximadamente S/ 30 permanecen sin utilizar.

La subejecución presenta variaciones territoriales significativas. En 2023, Ica ejecutó solo el 28.9% de S/ 129.3 millones y San Marcos el 34.4%. En 2024, Vista Alegre (Ica) invirtió el 39.2% de S/ 151.3 millones, mientras San Marcos nuevamente quedó rezagado con el 43.3% de S/ 728.1 millones. El 2025 reveló situaciones críticas: Marcona (Ica) devengó apenas el 37.2% de S/ 286 millones asignados, mientras que municipalidades como Ica, Pisco (ambas en Ica), San Marcos y Santa-Chimbote (Áncash), Yarabamba (Arequipa) e Ilo (Moquegua) registraron ejecuciones inferiores al 70%.

La eficiencia presupuestaria reviste importancia jurídica en territorios mineros porque la calidad del gasto condiciona la legitimidad de los proyectos extractivos. Según reportes de la Defensoría del Pueblo, se registraron 190 conflictos socioambientales en abril, concentrados en regiones mineras como Áncash, Loreto, Puno, Piura, Cusco, Apurímac y Junín. El caso de Áncash ilustra la desconexión: pese a invertir S/ 8,000 millones en canon desde 2019 hasta 2025, solo la cuarta parte de sus colegios mantiene aulas en buen estado y apenas 6 de cada 100 centros de salud operan con capacidad completa.

La brecha entre ejecución presupuestaria y calidad del gasto afecta la aceptabilidad social de la actividad minera en territorios dependientes de regalías. Sin estándares de calidad en la inversión municipal de fondos mineros, persiste el riesgo de profundizar conflictividad y generar ciclos de desconfianza institucional en territorios extractivos.