Justicia condena a responsables de robo de energía para operación de criptominería

En sentencia dictada en juicio oral y público por la causa penal N.° 6529/2024, el tribunal condenó a dos imputados como autor y coautor del hecho punible de sustracción ilegal de energía de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Ambos recibieron pena de dos años de cárcel con suspensión en su ejecución.

El fallo reviste importancia para la ANDE al establecer un precedente en la persecución de operaciones clandestinas de minería de criptominedas. La resolución determinó que el titular del medidor registrado en la propiedad no logró demostrar desconocimiento del funcionamiento de la industria ilícita en el lugar. A través de la sentencia, el tribunal consignó que la Justicia procesará tanto a quienes manipulen la infraestructura eléctrica como a "quienes faciliten, permitan o se beneficien" de acciones que afecten al sistema eléctrico nacional.

El esquema fue desarticulado el 25 de abril de 2024 mediante operativo conjunto entre técnicos de la ANDE, el Ministerio Público y la Policía Nacional en un predio ubicado en el Km 14 Monday de Minga Guazú, Alto Paraná. Los fiscalizadores detectaron que el sitio contaba formalmente con suministro básico en baja tensión, pero mantenía una conexión directa clandestina en Media Tensión alimentada por un transformador de 1.000 kVA.

Durante el procedimiento se incautaron 476 procesadores de criptomonedas, se desmanteló el transformador irregular y aproximadamente 300 metros de cableado destinado al robo de energía. Los análisis técnicos de la ANDE revelaron que la operación generaba daño patrimonial estimado en G. 270.000.000 cada mes.

Además de la condena por sustracción de energía, perturbación de servicios públicos y sabotaje, los condenados deberán responder económicamente por el pago de la energía robada, los costos del operativo y las multas correspondientes. La ANDE reiteró su política de "tolerancia cero" y anunció intensificación de controles para llevar ante la justicia a operadores que lucren con recursos del Estado.