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Minería · Perú

Fujimorismo — Minería Ilegal

Iniciativa fujimorista intenta retirar carácter delictivo a minería ilegal

Legisladora del partido de Keiko Fujimori promueve proyecto que beneficiaría a operadores de minería informal que apoyaron la campaña presidencial de 2016.

Por Redacción·08 de junio de 2026
A solitary worker climbs a rocky slope in a barren quarry, wearing safety gear.
Imagen referencial

Una legisladora fujimorista ha presentado una iniciativa que busca retirar el rango delictivo a la minería ilegal, un movimiento que ha generado polémica por su aparente intención de favorecer a operadores informales que respaldaron la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2016.

La propuesta cuestiona el marco normativo vigente que tipifica como delito la extracción de minerales sin permisos ni autorizaciones, una medida que desde hace años ha sido considerada fundamental para controlar la actividad no regulada en el país.

La iniciativa se inscribe en un contexto de tensión entre intereses políticos y regulación minera. La minería ilegal ha sido identificada como una de las principales fuentes de daño ambiental en Perú, particularmente en regiones como Madre de Dios y otras zonas de explotación aurífera clandestina. La falta de fiscalización y los conflictos socioambientales derivados de estas operaciones han motivado que gobiernos anteriores mantuvieran el carácter penal de estas conductas.

Desde la perspectiva del derecho minero y administrativo, la despenalización plantearía un retroceso en los mecanismos de control ambiental y fiscal. Las operaciones sin licencia eluden los requisitos de evaluación de impacto ambiental, consulta previa a comunidades indígenas y pago de regalías, vulnerando normativas nacionales e internacionales.

La propuesta ha sido rechazada por sectores ambientalistas, autoridades locales y organizaciones de derechos humanos. Especialistas en regulación minera advierten que una despenalización debilitaría la capacidad del Estado para aplicar sanciones administrativas y penales contra operadores ilegales.

El proyecto permanece en debate legislativo, aunque enfrenta resistencia tanto en el Congreso como en la sociedad civil. Abogados especializados en derecho minero han señalado que la medida contravendría compromisos internacionales asumidos por Perú en materia de protección ambiental y derechos de pueblos originarios.

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