IIMP propone tramitación paralela de permisos para reducir tiempos de aprobación de siete a tres años

El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) presentó una propuesta de reforma administrativa que busca acelerar significativamente la aprobación de permisos para proyectos mineros, reduciendo los tiempos de tramitación de aproximadamente siete años a tres años mediante la implementación de una evaluación paralela de expedientes.

Según el titular del IIMP, el actual modelo de evaluación opera de manera secuencial, obligando a las empresas a obtener cada permiso antes de iniciar el trámite del siguiente. Este esquema genera demoras prolongadas y, en casos críticos, una observación formulada en etapas finales puede obligar a reiniciar procedimientos realizados años atrás, amplificando los retrasos administrativos.

La propuesta plantea retomar un esquema de evaluación paralela en el que distintas entidades del Estado revisen simultáneamente un mismo expediente, modelo que opera exitosamente en otras jurisdicciones mineras como Brasil, Canadá, Chile y Australia. El IIMP enfatizó que este mecanismo permitiría reducir los tiempos "de siete años tranquilamente a la mitad", acercando al Perú a estándares internacionales en materia de permisos mineros.

Como herramienta operativa, el instituto propone consolidar una ventanilla única digital que permita que todas las instituciones involucradas en la evaluación accedan simultáneamente al expediente, formulen observaciones en paralelo y realicen seguimiento conjunto a las respuestas presentadas por las empresas. Según se detalló, este sistema garantizaría que todas las certificaciones se obtuvieran prácticamente al mismo tiempo, sin reducir el rigor técnico ni los estándares ambientales y sociales exigidos.

El IIMP subrayó que la implementación de estas mejoras no requiere una reforma integral de la legislación minera, sino únicamente la revisión de procedimientos administrativos internos que actualmente obligan a una entidad a esperar la aprobación de otra antes de iniciar su evaluación. El instituto consideró que existe margen para introducir cambios mediante decisiones administrativas dentro del propio Estado, sin necesidad de enmiendas legislativas extensas.

La propuesta se presentó en el contexto de la agenda minera nacional, enfatizando la necesidad de fortalecer la competitividad del país como destino de inversiones mineras y resolviendo uno de los principales obstáculos burocráticos que enfrentan los proyectos en sus fases de evaluación y aprobación.