Minería · Perú
Sector Minero — Formalización
IIMP demanda mayor rigor institucional contra la minería ilegal
El gremio de ingenieros mineros advierte que la expansión de actividades ilegales amenaza la competitividad del país y propone una nueva ley de formalización con objetivos y plazos concretos.

El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) instó al Estado a fortalecer su institucionalidad minera y enfrentar con decisión el crecimiento de la minería ilegal, a fin de sostener el aporte económico del sector formal.
Según el presidente del IIMP, la minería formal continúa siendo uno de los principales motores económicos del país, con exportaciones que superaron los US$ 21,000 millones al cierre de abril y transferencias por más de S/ 4,100 millones a las regiones mediante canon, regalías y otros conceptos.
El gremio plantea que la aprobación de una nueva Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) debe ser prioridad para el próximo Congreso. El IIMP argumenta que "el Perú necesita una norma definitiva, técnicamente sólida y plenamente aplicable, que diferencie con claridad a quienes realmente buscan incorporarse a la formalidad de quienes utilizan los procesos de formalización para encubrir actividades ilegales".
El instituto enfatiza que la formalización debe contar con objetivos, plazos y resultados concretos, evitando convertirse en un mecanismo permanente que prolongue la incertidumbre. Advierte que el pequeño productor que desea operar dentro de la ley requiere reglas claras, acompañamiento técnico y oportunidades para integrarse a la economía formal.
El IIMP también alertó que la expansión de la minería ilegal hacia el cobre representa una amenaza para el desarrollo de nuevos proyectos y la competitividad del país en una actividad estratégica para la transición energética mundial. Según el gremio, la minería ilegal genera impactos ambientales, evasión de impuestos, fortalecimiento de economías criminales y debilitamiento de la capacidad estatal para ejercer autoridad territorial.
El instituto reafirmó su compromiso con una minería moderna, competitiva y sostenible, plenamente integrada al desarrollo regional, considerando que esa es la actividad que genera bienestar y contribuye al futuro del país.
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